Tres años de exclusión sanitaria en España

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Tres años después de su aprobación, el Real Decreto-Ley 16/2012 sigue violando los derechos humanos de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Desde su entrada en vigor, 748.853 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno. Unos datos que rebajan la cifra inicial de 873.000 personas afectadas, pero sin aportar claridad sobre dicha variación. Solo 730 personas habrían suscrito convenios especiales hasta diciembre de 2014, que les obligarían a pagar entre 60 y 157 euros mensuales por recibir atención sanitaria.
La aplicación dispar del RDL en las comunidades autónomas y la falta de información del personal médico sobre la normativa a aplicar ha agudizado el impacto negativo de esta reforma. Algunas comunidades han desarrollado sus propios programas o sistemas para ampliar la cobertura contemplada por el Real Decreto (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia o Comunidad Valenciana). Otras han elaborado su propia normativa (País Vasco y Navarra). Algunas han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional contra el RDL (Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias, País Vasco y Navarra). Y otras han aplicado el Real Decreto-Ley mediante instrucciones o circulares administrativas (Madrid, Baleares, Castilla La Mancha). Esta disparidad se ha traducido en caos administrativo. Amnistía Internacional ha constatado cómo en algunos centros se siguen cobrando servicios de Urgencias o se deniega el acceso a la atención sanitaria de personas que estarían cubiertas por el RDL.
El anuncio del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, de que las personas migrantes en situación irregular volverán a tener acceso a la Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud es algo que Amnistía Internacional valora como un paso en la buena dirección. Sin embargo, no concreta ninguna reforma legislativa que garantice el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación. En estos tres años, escudándose en argumentos económicos y de fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria, el Gobierno no ha cumplido las recomendaciones de casi una decena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que calificaron esta reforma de “novedad lamentable” o “contraria al principio de no discriminación” y que instaron al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud. Tampoco ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Defensora del Pueblo ni la oposición de la sociedad civil y del sector sanitario. El Ejecutivo ha rechazado al menos en cuatro ocasiones iniciativas legislativas sobre la universalidad del derecho a la salud, y ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra las legislaciones de aquellas comunidades autónomas que han intentado ampliar la cobertura sanitaria del RDL.
El Real Decreto-Ley aprobado el 20 de abril de 2012 excluye a las personas migrantes en situación administrativa irregular del Sistema Nacional de Salud, excepto en tres supuestos: situaciones de urgencia hasta alta médica; embarazo, parto y postparto; y atención sanitaria a menores de edad. Meses más tarde se extendió la protección a solicitantes de asilo y a víctimas de trata en periodo de restablecimiento y reflexión. Amnistía Internacional pide al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que restablezca la universalidad del derecho a la salud para todas las personas que viven en España, con independencia de su situación administrativa, y cumpla las recomendaciones de los organismos internacionales.