Para comprender la verdadera profundidad del proceso de privatización de la Sanidad Pública
de nuestro país y establecer estrategias en su defensa, a corto,medio y largo plazo, se hace necesario enmarcar dicha privatización dentro del contexto de cambio de modelo social, que de forma global y desde los años ochenta está llevando a cabo el neoliberalismo, acrecentado en su actual etapa, con el
desmantelamiento a pasos agigantados del denominado Estado del Bienestar.
No se trata, pues, de una novedad motivada por las necesidades de «austeridad» yahorro impuestas
por la actual coyuntura, sino del punto de llegada de todo unprograma político e ideológico marcado
por las instancias supranacionales del capitalismo y de exigido cumplimiento por parte de los Estados nacionales, dependientes y rehenes de un modelo de crecimiento económico basado en el mecanismo
de una deuda permanente, caracterizada tanto por un crecimiento exponencial como por una
ilegitimidad que ha de ser cuantificada. Los orígenes de la privatización de la Sanidad Pública en
el estado español no se sitúan, por tanto, en el inicio de la mal denominada “crisis económica global”
que da comienzo en 2007.
Las conclusiones y recomendaciones privatizadoras del llamado informe Abril,
encargado por el gobierno de Felipe González, no quedaron aparcadas de forma
definitiva, sino que se han ido desarrollando de forma imparable desde 1991, amparadas
por los distintos gobiernos de los dos partidos que se han alternado en el poder y,
con distinta intensidad, por comunidades autónomas con las competencias transferidas.
La entrada de la empresa privada a la prestación de servicios sanitarios con financiación
pública, así como su penetración de forma integral con la entrada en vigor de la ley 15/97,
el cambio profundo en el marco de las relaciones laborales del personal sanitario encaminado
hacia criterios de orientación empresarial másque de función pública, las mutuas laborales,
la privatización de actividades sanitarias rentables económicamente,
no estrictamente de profesionalidad clínica, son exponentes, entre otros muchos, del citado
proceso privatizador.
En la Comunidad de Madrid, la llegada al gobierno de Esperanza Aguirre, exponente del sector
Cabe destacar, entre otras, las medidas que en este sentido pone en marcha desde
el inicio de su gobierno en la Comunidad de Madrid:
-Deterioro sistemático de la Sanidad Pública Madrileña, situandola en los últimos
puestos a nivel nacional de gasto sanitario por habitante; supresión de servicios
de camas hospitalarias; empeoramiento generalizado de los existentes; disolución
de entes sanitarios de interés de servicio público, como la Dirección General de
Salud Pública, el Instituto de Salud Pública o la Agencia para la Formación,
Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid Pedro Laín Entralgo,
entre otros; desmantelamiento progresivo de unidades e infraestructuras hospitalarias,
centros y servicios sanitarios públicos, con el añadido recorte drástico en recursos
humanos.
-Campañas de desprestigio mediáticoneoliberal de la Sanidad Pública Madrileña:
Listas de espera prolongadas para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas,
acompañadas de forma coercitiva con ofertas de sanidad privada
debidamente publicitadas como rápidas, eficaces, de calidad y engañosamente
calificadas de gratuitas; campañas de desprestigio dirigidas a escenificar un
pretendido desastre en la gestión y desarrollo de la Sanidad Pública Madrileña y la
necesidad imperiosa de la introducción de la privatización como auténtica solución
de eficacia sanitaria.
-Intensificación acelerada de los conciertos de derivación de pacientes con patologías
rentables económicamente para clínicas y empresas privadas, cuya
captación se propicia con la creación de un Área Sanitaria única y la supresión de
las once existentes; la privatización continuada de servicios sanitarios:
lavandería, cocina, donación de sangre, citas sanitarias, análisis clínicos,
mamografías; el cierre de servicios de salud mental, entre otros.
-La construcción de diez hospitales financiados con dinero público, cuatro de ellos
de gestión totalmente privada y seis de gestión mixta, y la propuesta de privatizar
27 centros de Primaria y centros de Especialidades, con el objetivo de cerrar de forma
rápida y profunda el circuito de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid
y dejar fuera del sistema sanitario público a un número muy considerable de ciudadanos
y ciudadanas madrileños.
-Las leyes que amparan las privatizaciones como la 15/97, el Decreto Ley 16/2012
que rompe el principio de Universalidad, y el “Plan de Sostenibilidad” diseñado por
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que pretenden
una transformación esencial del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) hacia un
sistema no universal, privatizado en su gestión y provisión, deteriorado en calidad y
sometido a criterios de "pago por uso" en parte de sus prestaciones.
Ante un proceso tan profundo de desmantelamiento de la Sanidad Pública Madrileña,
en otoño de 2012, se forma un movimiento social como nunca antes se había producido
en Defensa de Nuestra Sanidad Pública, Universal y de Calidad. En esta reacción social,
denominada Marea Blanca, confluyeron muchos ciudadanos, asambleas populares,
asociaciones vecinales y de enfermos, coordinadoras y espacios de coordinación entre
centros sanitarios, plataformas y mesas mixtas entre profesionales y ciudadanos,
sindicatos, etc. En definitiva, se puso de manifiesto la oposición de la población madrileña
ante los ataques que soportaba el sistema sanitario público, considerado como patrimonio
de todos. Lo conseguido por esta reacción social es indudable: La paralización del "euro por
receta"; la salvación parcial del Hospital de La Princesa; la retirada momentánea de
los procesos de privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos y 27
centros de salud, con la consecuente dimisión del Consejero Fernández Lasquetty.
Un momento clave fue la celebración en mayo de 2013 de la Consulta Ciudadana en
la que casi un millón de madrileños y madrileñas votaron en contra del plan privatizador
del gobierno regional y de las leyes que lo sustentan. La aportación de la Marea Blanca
a la idea de que "Sí se puede" ha sido por tanto decisiva, e incluso ha traspasado las fronteras
de la Comunidad de Madrid, para ser también referencia en otras comunidades autónomas.
Incluso ha servido de incentivo para la defensa de otros derechos sociales y de servicios públicos.
Sin embargo, no se puede ignorar que, pese a tales esfuerzos y logros, el Gobierno regional
actual continúa con su “Plan de Sostenibilidad” desmantelando la Sanidad Pública, reduciendo
cada vez más sus recursos materiales y humanos.
Precisamente es el momento en el que la convergencia y la cooperación entre el
personal del sistema sanitario público y la ciudadanía ha de ser más fuerte que
nunca. Nos jugamos mucho. Nada menos que un Modelo Sanitario que, con sus
defectos, ha sido el resultado de una lucha de generaciones, y que ha sido alabado
en multitud de foros e instituciones, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Entendemos que la protección y la promoción de la Salud es un derecho para todas
las personas y una obligación para los Estados y Gobiernos, como así lo reconocen
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, la Constitución
Española en los artículos 43, 49 y 50 que lo especifican, la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, la propia OMS en su 51ª Asamblea Mundial de
la Salud con el acuerdo “Política de Salud para Todos en el siglo XXI”.
En el año 2000 la Conferencia de Bangladesh define la Salud como:
“un asunto social, económico y político, y es, sobre todo, un derecho humano fundamental.
La desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia y la injusticia están en la raíz
de la mala salud y de las muertes de los pobres y los marginados. La salud para
todas las personas significa que deben desafiar los intereses de los poderosos, que
hay que hacer frente a la globalización y que las prioridades políticas y económicas
deben cambiar de forma drástica”.
La Salud no sólo es la ausencia de enfermedad:
el nivel sociocultural, el desempleo, la precariedad laboral, la falta o escasez de los Servicios
Sociales, la carencia de una vivienda digna, la exclusión social, la pobreza, el deterioro del
medio ambiente son, entre otros, factores que influyen decisivamente en ella. Diversas
formas de encuentro colectivo, incluidas en la Marea Blanca, han visto la necesidad de
trabajar unidos, para mantener una lucha más eficaz en defensa de la Sanidad Pública,
que permita elevar el grado de concienciación ciudadana e impedir, entre todos, la
privatización sanitaria. No se trata de sustituir ni suprimir nada de lo existente, ni
interferir en la línea de trabajo propia de cada grupo, sino crear un lugar de encuentro
basado en el consenso de cara a la defensa de la sanidad pública madrileña como un
sistema de alta calidad, universal, equitativo y de gestión 100% pública.
Desde este espacio, consideramos que es el momento de plasmar en un documento
lo que la población exige:
un compromiso político permanente que asegure un sistema sanitario Público, Universal,
Equitativo y de Calidad. Para ello, creemos imprescindible defender unos mínimos básicos
y de obligado cumplimiento para los próximos gobiernos:
Ante todo ello, EXIGIMOS:
1.-Un modelo sanitario público, universal, equitativo, financiado adecuadamente a través de
impuestos progresivos, con carácter finalista, con gestión pública que priorice las necesidades
de salud de la población, basado en la prevención y promoción de la salud y la autonomía del
paciente, con especial atención a las personas dependientes.
2.-La Atención Primaria como centro del Cuidado Integral de la Salud de la población,
estrechamente coordinada con la Atención Especializada, la Salud Mental, la Salud Pública
y los Servicios Sociales.
3.-Una Sanidad Pública con recursos humanos suficientes y un uso adecuado de medios de
diagnóstico y tratamiento (medicamentos y tecnologías sanitarias), según su eficacia, seguridad
y necesidad. Provistade la capacidad suficiente para la promoción y desarrollo de la investigación
y formación públicas; así como para el ejercicio de un control estricto de la industria farmacéutica
y de otras tecnologías sanitarias. Dotada, al mismo tiempo, de una gestión absolutamente
transparente, con el control social necesario, tanto en el libre acceso a los presupuestos sanitarios
como en su propia elaboración.
4.-El cambio de la estructura de los centros asistenciales hacia unaorganización democrática y
participativa (trabajadores y usuarios), trasformando las actuales estructuras basadas en la
simple confianza política en las diferentes direcciones, por otras en las que los cuadros directivos
estén sometidos de forma permanente a un control democrático de su actividad.
5.-La necesidad de contemplar la atención sanitaria desde la perspectiva de cuidado integral
a la población, rechazando, por tanto, toda propuesta de atención por objetivos que no se
circunscriban al estricto ámbito de rentabilidad social sanitaria, como así se pretende, entre otros,
con la creación de Unidades de Gestión Clínica, que rompe la unidad de criterio de la gestión pública sanitaria e introduce elementos de referencia mercantil, favoreciendo además la apertura a la
iniciativa privada en Centros Sanitarios Públicos.
6.-Poner fin a las derivaciones indiscriminadas a centros sanitarios privados. La sanidad pública debe disponer de la infraestructura y de los recursos humanos y técnicos suficientes para que los
enfermos sean atendidos en los centros sanitarios públicos en el menor tiempo posible, con la
máxima calidad y sin discriminación alguna.
7.-La retirada de la reforma del Código Penal que desprotege y vulnera los derechos de los enfermos
con trastorno mental; así como la urgente reapertura de los centros públicos y servicios de Salud
Mental.
8.-Anulación definitiva y en su totalidad del proyecto de ley del aborto,
capacitando a la red sanitaria pública para acoger de forma protocolizada y sin trabas, la decisión
que pueda tomar toda mujer sobre su embarazo; facilitando a su vez métodos eficaces para la
prevención de embarazos no deseados, y promoviendo acciones de educación sexual y afectiva
para toda la población: hombres y mujeres.
9.-El derecho de cualquier persona a una muerte digna; de modo especial, el de los enfermos
terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si éste es su deseo expreso. Como así,
en este sentido, desde 2002, la Ley de Autonomía del Paciente profundiza en los derechos
individuales regulando el documento de instrucciones previas. Para ello es imprescindible
la promoción y dotación de los suficientes recursos técnicos y humanos a las Unidades de
Cuidados Paliativos.
10.-Revertir todo lo privatizado en la Comunidad de Madrid al sistema sanitario público
madrileño. Se deben poner en marcha por parte de las Administraciones Públicas, políticas
a corto, medio y largo plazo dirigidas hacia tal fin.
11.-La derogación de todas las leyes, Reales Decretos Ley y normativas de nivel estatal y
de las comunidades autónomas que amparan y favorecen la privatización de la Sanidad Pública,
con especial atención a la Ley 15/97, que constituye la base legal de la privatización, el Real
Decreto Ley 16/2012, que discrimina y expulsa injustamente a una importante parte de la
población del sistema sanitario, así como la retirada definitiva del Plan de Medidas de Garantía
dela Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid , amparado en la
Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid en Noviembre de
2012.
12.-La derogación del actual artículo 135 de la Constitución, reformado en
Agosto de 2011 por el PSOE y PP, que prioriza el pago de la deuda y sus intereses
frente a cualquier tipo de gasto y que afecta de forma crucial al gasto sanitario.
13.-La realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad que
identifique la posible deuda ilegítima y se pueda declarar el no pago de la misma
y, en su caso, exigir las responsabilidades correspondientes.
14.-La exclusión total, por motivos de interés general, de la Sanidad y otros
Servicios Públicos (Educación, Agua, Serv. Sociales...) de las leyes europeas e
internacionales de mercado con especial rechazo y, en su caso, la no ratificación
al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones EE.UU-UE (TTIP), que
supondría, entre otras cosas, la total liberalización de la Sanidad Pública.
¡¡¡JUNTOS SI SE PUEDE ¡¡¡
¡¡¡LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE ¡¡¡
Plataformas firmantes del manifiesto:
-AAVV Carabanchel Alto.
-AME.
-Asamblea Lucero 15M (usuarios).
-Asociación de Enfermos de HepatitisC.
-Consulta por la Sanidad.
-Coordinadora Área 4.
-Grupo de Madrid Declaración de Atocha.
-Grupo de Salud de Chamberí 15M.
-Grupo de Trabajo Sanidad 15M
Moratalaz.
-Mesa de Carabanchel.
-PATUSALUD (Usuarios y Hospitales).
-Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.
-Plataforma de Centros de Salud.
-Plataforma de Inmigrantes de Madrid.
-Plataforma de La Latina en Defensa de la Sanidad Pública.
-Plataforma de Usuarios HIC.
-Plataforma de Usuarios la Princesa.
-Plataforma en Defensa de la Sanidad de Aranjuez.
-Plataforma Las Rozas.
-Plataforma Marea Blanca de Fuenlabrada.
-Plataforma por la Mejora y Defensa de la Sanidad Pública del Henares.
-Plataforma Sureste
-Vallecas.
-Plataforma Zona Norte.
-PSM Carabanchel.
-Usuarios.
-Villaverde 15M
