Eran las once de la noche del pasado lunes 26 de enero en la plaza de Oporto. Una mujer miraba nerviosamente a la entrada del metro la llegada de alguien. Al rato otra mujer sube presurosamente las escaleras, se miran y se funden en un abrazo eterno, al que se suma un niño de pocos años.
Llora incansablemente, la noticia les llegó de sorpresa. Habían perdido la esperanza, pero este día saben que es el comienzo del final de una noche oscura, que por fin salió el sol; saben que hoy se ha hecho justicia y que tienen la oportunidad de salir de esa “clandestinidad” avenida por su situación administrativa irregular que no les permitía acceder a un trabajo, a la salud y muchos menos a la vivienda. Emocionadas se marchan sabiendo que desde hoy podrán mirar a la vida de otra manera, con mucha esperanza y en libertad.
La regularización extraordinaria de personas extranjeras en España en 2026 es, sobre todo, un reconocimiento tardío de una realidad que caminaba por las calles, que se escuchaba en los bares y restaurantes, en los campos, en los servicios, en los andenes de los metros y cercanías; en fin, por toda la ciudad y el país.
Podemos le ha arrancado literalmente al Gobierno abrir, mediante un real decreto tramitado por vía urgente, una vía específica para que cientos de miles de personas que ya viven aquí puedan acceder por fin a un permiso de residencia y trabajo.
La medida se dirige a quienes estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar una permanencia continuada mínima de cinco meses, además de carecer de antecedentes penales. Asimismo se beneficia a solicitantes de protección internacional que presentaron su petición antes de esa fecha y que han quedado atrapados entre recursos, denegaciones y un laberinto burocrático que no se corresponde con sus vidas. Para todas estas personas, la promesa es concreta: una autorización de residencia de un año, con permiso de trabajo desde el primer día, válida en todo el territorio y en cualquier sector.
No solo se trata del respeto inalienable de las personas a migrar, a ser considerados como seres humanos, sino también de una decisión con un fuerte impacto económico y social. España tiene una población “sumergida” estimada en cientos de miles de personas que trabajan sin contrato, sin derechos y sin cotizar; la regularización pretende reducir esa economía informal, combatir la explotación laboral y ampliar la base de cotizaciones a la Seguridad Social.
Con la última regularización, en 2005, 20 años antes, se concedieron alrededor de 580.000 permisos, y demostró con datos y no con relatos que integrar a quienes ya están dentro aumenta el empleo formal, el PIB y la recaudación. Hoy, el argumento se repite: reconocer derechos es también fortalecer el sistema de bienestar.
El calendario previsto es ajustado: una vez culminada la tramitación del real decreto, las solicitudes podrán presentarse entre principios de abril y el 30 de junio de 2026, y la Administración tendrá hasta tres meses para resolver. Bastará, en muchos casos, con la admisión a trámite para que la persona pueda empezar a trabajar legalmente mientras se estudia su expediente, lo que supone suspender procedimientos de expulsión por mera irregularidad administrativa o trabajo sin permiso.
Esta regularización extraordinaria no es una amnistía “gratuita”: pide pruebas de arraigo real —empadronamientos, facturas, citas médicas, contratos de alquiler, escolarización— y establece filtros claros de seguridad. Pero sí es un cambio de enfoque: en lugar de seguir alimentando una bolsa de personas invisibles y vulnerables, el Estado reconoce que ya forman parte de la sociedad española y que es mejor integrarlas plenamente que mantenerlas en la marginalidad. Para quienes llevan años viviendo, trabajando y cuidando en España, 2026 puede ser el año en el que la vida deje de estar en pausa.
