El Ayuntamiento de Madrid insiste en llamar “3ª reforma integral” a las obras del Parque de las Cruces. Pero en política las palabras rara vez son inocentes. Nombrar así una intervención que transforma de forma sustancial un espacio verde no solo suaviza su alcance: según denuncian colectivos vecinales, permite además esquivar un requisito clave como es el estudio de impacto ambiental.
No es un matiz técnico. Es una forma de gobernar.
Bajo esa etiqueta aparentemente neutra se ejecuta una operación que modifica la naturaleza del parque: más superficies duras, más infraestructuras, menos suelo vivo. Un modelo que prioriza la obra frente al ecosistema y que encaja con una forma de entender la ciudad donde lo verde es secundario frente a la intervención constructiva.
El Parque de las Cruces, en Carabanchel, no es un espacio residual. Es un parque con identidad, construido en buena medida por la presión vecinal en una época en la que los barrios del sur reclamaban dignidad urbana. Hoy, décadas después, ese mismo espacio se transforma sin un debate público a la altura de su importancia.
La cuestión de fondo es política. ¿Qué modelo de ciudad se está impulsando? Porque mientras en otras capitales europeas se habla de renaturalización, de adaptación climática y de infraestructuras verdes, en Madrid se multiplican las actuaciones que endurecen el suelo y aumentan la presencia de materiales artificiales en los parques.
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Se podrá argumentar que las obras mejoran la accesibilidad o la seguridad. Y es cierto que esos objetivos son necesarios. Pero el problema es cuando se convierten en coartada para intervenciones que alteran el equilibrio ambiental sin someterse a controles rigurosos.
Evitar un estudio de impacto ambiental no es una cuestión menor. Supone reducir la capacidad de fiscalización sobre proyectos que afectan directamente a la calidad de vida urbana. Supone, en la práctica, desplazar el debate desde el terreno técnico y público hacia decisiones administrativas más opacas.
Y ahí es donde emerge el verdadero problema: la falta de rendición de cuentas. Porque si una actuación de esta envergadura puede tramitarse como una simple “reforma”, el margen para intervenir sin control en otros espacios verdes queda peligrosamente abierto.
No es solo el Parque de las Cruces. Es el precedente.
También es significativa la ausencia de participación real. Los vecinos, protagonistas históricos de este espacio, han quedado relegados a un papel secundario. Se informa, pero no se decide. Se ejecuta, pero no se debate.
Este tipo de procesos no son neutros. Responden a una determinada forma de ejercer el poder: más vertical, menos permeable, menos dispuesta a incorporar el conflicto y la deliberación como parte legítima de la gestión urbana.
En plena crisis climática, cuando los espacios verdes son una pieza clave para la salud y el bienestar de las ciudades, reducirlos a escenarios de obra pública es una decisión que trasciende lo local. Es una señal política.
Por eso, lo que está en juego en el Parque de las Cruces va más allá de una intervención concreta. Es la definición de lo público: si los parques son infraestructuras ambientales que hay que proteger o superficies disponibles para ser rediseñadas sin límites.
Llamarlo “reforma” no cambia la realidad. Pero sí condiciona el debate. Y quizá de eso se trate.
