Protegiendo el Alquiler Social

Mariló Ramos, vecina del barrio, consigue elevar a público el contrato de alquiler que acordó con el banco tras lograr la paralización de su desahucio

Mariló Ramos es una de las, por desgracia, muchas vecinas del barrio afectadas por el drama de los desahucios. En su caso, consiguió evitarlo y negociar un alquiler social, pero si la traemos hoy a estas páginas de forma diferenciada es porque recientemente ha logrado ir un paso más allá en su lucha y elevar su contrato de alquiler a público. Dicho logro puede resultar muy útil para otras personas que puedan encontrarse en una situación parecida.
Ella misma nos lo explica: “elevar a público el contrato de alquiler social significa que convocas una reunión ante notario, apoderado de Bankia —la entidad que se quedó con su vivienda— y afectada —ella misma— para hacer una escritura en la que aparezco yo como inquilina en ese inmueble. Pagas luego un impuesto en Patrimonio, y lo presentas en el registro de la propiedad. Muchas de las casas que se han quedado los bancos, al final han pasado a fondos de inversión y se han puesto a la venta a un precio irrisorio. Si yo no llego a elevar a público mi contrato de alquiler social, cualquier comprador no sabe (pues si el banco no se lo dice, no figura en ningún sitio) que hay una persona a la que le quedan casi tres años por vivir ahí, que soy yo. Alguien puede comprar el inmueble conmigo dentro y verme otra vez en la calle”. Eso pese a llevar Mariló su alquiler social perfectamente al día, lo que vendría a sumar una nueva injusticia. “Como el que actúa de mala fe es el banco al no explicarlo —continúa—, el comprador, que no tiene por qué saberlo, actuaría de buena fe, por lo que legalmente, en tres meses según la Ley de Arrendamiento, puede instarme a que me marche otra vez de mi casa”.
Hagamos un poco de historia: Mariló compra su casa en 2008, gastando sus ahorros en reformarla. El Euribor se dispara, y la hipoteca de esta vecina sube como la espuma, pasando de 600€ a 900€. “Soy mileurista —explica—, soy funcionaria de la Administración, y llega un momento en que tengo que decidir que no puedo pagar todo lo que el banco me pide cada mes: pago lo que puedo… Entonces se inicia la demanda judicial de ejecución hipotecaria, paso por todos los trámites de subasta, se adjudica la casa al banco por un 60%, yo quedo con una deuda del 40% más los gastos judiciales, y entonces, en vez de entregar las llaves, lo que decido es unirme a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid y a la asamblea 15M de Carabanchel para ver qué puedo hacer. Me uno al grupo de vivienda y conseguimos con el apoyo social paralizar el primer desahucio el 15 de marzo de 2012”.
“Para mí fue muy traumático —recuerda Mariló—, porque como no estaba muy segura de si se iba a paralizar, me fui de mi casa, tuve varias mudanzas muy complicadas, muchos gastos generados por todo esto, me ubiqué en otro lugar… Pero bueno, siempre tuve la esperanza de volver a mi casa y nunca entregué las llaves, de lo que siempre me he sentido orgullosa. Cuando lo logramos paralizar, me concedieron desde el 15 de marzo hasta el 28 de abril, fecha prevista del segundo desalojo, para negociar con el banco. Un mes y medio frenético, que me ocupó la vuelta a casa con todo, y además negociar con el banco, que no es nada fácil. Entonces aún no había tanta alarma social, y nos seguían considerando a los que no podíamos afrontar la hipoteca poco más que una lacra social. Las negociaciones eran espantosas, con cantidad de juicios de valor hacia las personas, machacando a tope… Pero conseguimos el 16 de abril que se hiciera el contrato de alquiler social. Creo que fue uno de los primeros, porque de hecho en el banco ni siquiera sabían cómo hacerlo… Fuimos la gente de la asamblea quienes les dijimos: ‘pues hombre, tiras de la ley de arrendamientos, que hay en internet incluso formularios de contratos de alquiler social’. Bueno, finalmente quedó muy bien: me ocupa el 33% de mi sueldo, que es como tienen que ser los que llamamos ‘alquileres sociales’. Tuve también mucha suerte, porque no aparece ninguna cláusula acerca del retracto; es decir, que el contrato que me hicieron tiene la parte social en lo del porcentaje de mi sueldo, pero yo sí tendría derecho de compra, pues no hay ninguna cláusula en la que ponga lo contrario”.
Mariló se queda ya tranquila —“hombre, nunca estás feliz del todo, porque nunca sabes qué pasa con tu deuda”, comenta—, y después de todo este proceso traumático centra sus esfuerzos en ayudar a otros en casos parecidos, participando activamente en las movilizaciones y campañas de la PAH, acudiendo a desahucios… Pero con el tiempo vuelven los nubarrones: “en marzo de este año, de repente, me llama un día la directora del banco y me dice: ‘ay, te tengo que dar una buena noticia, Mariló: que he visto tu piso en venta en BankiaHabitat, superregalado, superbarato’. Y es verdad, porque fíjate: yo tenía un préstamo de 140.000€ y lo venden por 57.000€… Y solo la reforma me costó 30.000€, o sea que encima les dejo un piso reformado… Claro, muy ‘buena noticia’, pero lo mismo que lo podría comprar yo, también podría hacerlo otra persona. No tengo en mano el dinero que piden, y entiendo que la ‘buena noticia’ no era que yo pudiera comprarlo, porque les lanzo el órdago de poder pedir un crédito si me condonan la deuda, pero me lo deniegan; presiono un poco a la directora para que la operación de una posible recompra la eleve a instancias superiores, a ver si hay suerte… Y no, no puede ser…”. Mariló mueve el tema, y sus abogados le recomiendan elevar a público el alquiler cuanto antes. “En una de las cláusulas pone que es un derecho del inquilino elevar a público. Esta lucha me lleva desde marzo hasta este mes de agosto: he firmado la escritura, he pagado el impuesto y ya la tengo presentada en el registro de la propiedad”, explica.
Pero no ha sido sencillo: “durante todos estos meses sostenemos una lucha tremenda con la entidad bancaria el abogado de la PAH Rafael Mayoral, la asamblea 15M de Carabanchel, yo misma, y una amiga abogada que me ha echado un cable. Hacer esta escritura me ha supuesto un gasto de 500€. Cuando la vamos a firmar, me llama la abogada y me dice: ‘no la podemos firmar aunque pagues: tiene que estar presente un apoderado del banco’, que es quien tiene poderes para las grandes operaciones de la entidad. Aquí empiezo a correo diario con ellos, que eran totalmente reticentes, ya que lo que les interesa es venderla, que yo me busque la vida y quitarse el problema, y evidentemente esto para ellos es un problema de cara a la venta, pero no se pueden negar porque es mi derecho. Bueno, pues una lucha tremenda de un montón de meses en la que nos llegamos a plantear demandarles, pero al final conseguimos que se presentaran con el apoderado”. “Esto para mí fue una experiencia increíble —explica Mariló sonriente—, porque estábamos allí mi abogada, la directora del banco, el notario, el apoderado y yo. Y solo de pensar que una hormiguita como yo, junto con el apoyo social, hubiera conseguido que un apoderado, que puede hasta vender el banco entero si quiere, esté ahí para firmar una escrituración de un alquiler social de una pobre chica a la que han intentado desalojar, fue para mí otro triunfo”. Qué bueno, ¿verdad?
Colorín, colorado, el papel está firmado. “Y me dijo la abogada —apunta esta vecina— que una vez que está firmado ‘es ley’, y sienta jurisprudencia. Es muy posible que ésta haya sido la primera elevación a público de un alquiler social. Ahora, si surge un comprador, tendrá que asumir que estoy yo dentro por tres años más. Y, por supuesto, no me voy a rendir, no me voy a ir… Cuando pasen estos tres años, ya tendré opción a compra, y quién sabe...”.

Roberto Blanco Tomas