Medidas para que las mayores riquezas de este país asuman las consecuencias de esta crisis
La palabra crisis la llevamos atravesada en el cuerpo, es nuestra mancha de nacimiento. Para nuestros oídos suena siempre igual de aterradora. Y no es nueva, es recurrente. Aunque cada vez le pongan un adjetivo distinto o mencionen que se produce por una burbuja inmobiliaria o por un virus, sabemos que sus consecuencias no serán buenas. Porque estamos hablando desde la vivencia y posición de la clase trabajadora a la que pertenecemos. Aquella que hace posible el sostenimiento de la vida y que carga a sus espaldas la tiranía de las altas clases sociales, que se muestra en las medidas políticas y en las decisiones empresariales, fundamentalmente.
Dicen que las crisis son cíclicas pero la clase trabajadora vive en una crisis constante. Subsiste en un contexto que nunca le favorece porque no lo ha construido ni dictado ella misma, y sobrevive del apoyo mutuo.
Y en esta “nueva” crisis, nuestra resistencia estará anclada en los mismos valores que llevamos defendiendo desde siempre: la solidaridad y conciencia de clase, la defensa de nuestros derechos, el apoyo mutuo (como decíamos), el feminismo y la movilización popular. Porque solo el pueblo salva al pueblo.
Desde que irrumpió el coronavirus en nuestras vidas, dicen que para cambiarlas para siempre, no hemos dejado de observar y sufrir que todas las medidas que se están tomando para frenar la pandemia, afectan a la misma clase, la clase obrera. Para quienes les cueste poner cara a esta clase social, es posiblemente con la que te juntas cada día: tu vecina, tus compas de curro, quien te vende el pan, quien te atiende en el centro de salud, quien conduce el transporte público que usas, quien limpia hogares que no son suyos, quien cuida de personas que no son sus familiares… en definitiva quien depende del salario para vivir porque no puede hacerlo de las rentas que no tiene. Vamos, que posiblemente eres tú y lo mismo no te has dado cuenta.
Si viviésemos en un sistema que de verdad pusiese la vida y los cuidados en el centro, cada vez que se produjese una crisis, no nos temblaría el cuerpo. Porque sabríamos que nuestros derechos y nuestra existencia no peligraría. Todo eso estaría protegido. Porque por mucho que los medios de comunicación y el Gobierno utilice un lenguaje bélico como si estuviéramos en guerra, a lo que nos estamos enfrentando es a una crisis de cuidados. Los tanques y los misiles no vendrán a salvarnos, tampoco lo deseamos, sino las trabajadoras que cada día ponen el cuerpo para sacar adelante los servicios y abastecimientos que son necesarios para el sostenimiento de la vida. Así lo evidencia la paradójica situación actual, donde los trabajos esenciales para sobrevivir en este confinamiento (cajeras de supermercado, sanitarias o cuidadoras, por ejemplo) son en su mayor parte trabajos precarios y poco valorados socialmente.
La realidad es que tenemos unas reformas laborales que generan precariedad y dificultades para mantener nuestros empleos; una sanidad cada vez más privatizada que limita nuestro derecho a la salud; un frágil acceso a la vivienda que depende de lo que puedas pagar, no de lo que mereces como ser humano; un sistema financiero que ejecuta desahucios y que pide rescates; y unas empresas que vienen a generar beneficios sin ningún tipo de compromiso social ni ambiental.
Un ejemplo es lo que está sucediendo estos días con grandes empresas como Renault, Ikea o Ryanair. Se han acogido a la nueva modalidad de ERTE creada por el Gobierno con ocasión de la pandemia, que permite a las empresas exonerar al empleador de pagar las cotizaciones sociales de su empleado afectado por el ERTE, al contrario de lo que estaba establecido en la legislación anterior. De esta forma, el Gobierno está permitiendo que grandes multinacionales con ingresos millonarios transfieran al Estado las pérdidas provocadas por el coronavirus.
Parecido está pasando en otros sectores, como en el de los alquileres, donde el Gobierno propone que las familias se endeuden ante el Estado antes que dejar a los propietarios sin cobrar la renta; o en el de la salud, donde el Estado no ha tocado ni un pelo a la sanidad privada. Además, el exigente disciplinamiento que nos exige a la ciudadanía para confinarnos no es el mismo que se exige al capital. Lo hemos visto cuando el Gobierno no suspendió las actividades económicas no esenciales hasta dos semanas después de declarar el Estado de alarma; o con las escasas visitas de la Inspección de Trabajo a las empresas para prevenir y proteger la salud de las trabajadoras y trabajadores ante esta pandemia.
Y esto es justo lo que ahora reclamamos desde la Asamblea Popular de Carabanchel. Que las consecuencias de esta crisis no sean para la clase trabajadora y que las empresas, sobre todo aquellas que generan mayores beneficios, arrimen el hombro ante esta situación.
Además de sumarnos a todas las medidas que reclama el Plan de Choque Social, exigimos que el Gobierno adopte decisiones que impliquen que las mayores riquezas de este país aporten al bien común, al fortalecimiento de nuestros servicios públicos y al mantenimiento del empleo y del bienestar de toda la sociedad. Y que para ello, se cree un nuevo impuesto en el que los grupos empresariales, independientemente de cuanto lloren por lo que les está afectando esta situación, aporten su capital teniendo en cuenta sus beneficios. Con lo recaudado a través de este impuesto podrían hacerse cargo de lo siguiente:
El pago del 75% de la prestación por desempleo de las trabajadoras y trabajadores afectados por ERTEs motivados por el COVID-19. Actualmente, estamos viendo como empresas tales como Inditex, Burger King, etc, que se encuentran entre los grupos empresariales más ricos de este país, realizan ERTEs que asume el Estado, es decir toda la sociedad pero fundamentalmente la clase trabajadora, sin que tengan que aportar nada de su bolsillo. Y esto nos indigna aún más, cuando sus anuncios de ERTEs van acompañados de otras acciones “altruistas y solidarias” como la donación de mascarillas o sábanas para hospitales. No queremos caridad. Queremos recibir lo que nos corresponde de su plusvalía o beneficios, que sin la clase trabajadora no generarían.
La prestación por desempleo a las trabajadoras y trabajadores ante todo tipo de despido que se produzca mientras dure la pandemia. Porque es mentira aquello de que han prohibido despedir, sencillamente el Gobierno con sus medidas antisociales, ha hecho que sea menos barato.
El permiso retribuido obligatorio no recuperable, de tal modo que no obliguen posteriormente a recuperar esas horas a las personas que forman parte de su plantilla.
Asuman el coste de los gastos derivados del teletrabajo: los suministros de agua, luz, teléfono e Internet. Así como todos aquellos que se produzcan para adaptar los puestos de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales.
Sanciones impuestas a las empresas que no cumplan con las medidas establecidas para la prevención y seguridad de infección frente al COVID-19 en sus instalaciones, de tal modo que si una empresa no cumple, la multa la tendrán que pagar todas las empresas y no sólo la infractora.
Para acabar queremos recordar que hoy y siempre, es necesario que el trabajo no nos cueste la salud, ni la vida. Ni las nuestras ni las de las personas que tenemos cerca.
Ahora más que nunca ¡Salud y apoyo mutuo!
Asamblea Popular de Carabanchel
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