Hoy, jueves 22 de febrero, a las 18:30, desde el Centro de Salud Abrantes hasta la plaza de Oporto
El vecindario de Abrantes lleva ya tres años y seis meses de manifestaciones constantes los jueves (desde septiembre de 2020), además de haber realizado todo otro tipo de protestas, para denunciar la situación de abandono de nuestro centro de salud. Pese a ello, la Administración madrileña hace oídos sordos. Hartos de que no nos escuchen, habíamos decidido realizar una acción de desobediencia civil. Ante ello, ¿qué ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la que le ha llegado el runrún del enfado? ¿Enviar más médicos para que las vecinas puedan ser atendidas? No, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha enviado guardias de seguridad para controlar el acceso de las vecinas al centro. Desde el pasado jueves 15 de febrero el acceso al C.S. Abrantes está custodiado por tres guardias jurados a lo largo de todo el día.
La tarde del viernes 16, el retén de jurados llegó a contar con seis efectivos, que cuando un grupo de vecinas se fue congregando ante la puerta para protestar, llamó a la Policía. Hasta 20 agentes de policía nacional y 6 guardias jurados impidieron esa tarde el acceso al centro de salud. Como reconocieron los propios trabajadores y trabajadoras del centro, la Administración madrileña había dado órdenes al personal del consultorio para que no aceptara citas esa tarde. Así que durante esa tarde el centro de salud estuvo, de hecho, cerrado.
No tienen bastante con tener a miles de vecinas sin atención médica. Buscan también humillarla. En el fondo todas y todos sabemos que pasa: el Gobierno regional quiere convertir la Atención Primaria en los barrios obreros en una beneficencia para quien no pueda pagarse un seguro privado. Y quiere eliminar todo tipo de respuesta vecinal que reclame sus derechos y frene sus planes.
El Centro de Salud Abrantes, en el barrio del mismo nombre, es uno de los consultorios más abandonados por la Comunidad de Madrid. Su situación actual de colapso es un caso especialmente sangrante de los efectos de los recortes en la Atención Primaria y en la sanidad pública: tiene ahora menos de la mitad de médicos de familia que hace cuatro años.
Y hablar de colapso no es una exageración, es describir la situación de un centro de salud que atiende a un barrio de 30.000 habitantes: durante dos meses, de diciembre a enero, este consultorio absolutamente abandonado por la Administración no ha podido dar cita con los y las médicos de familia. Tal era la falta de facultativos y facultativas que los pocos y pocas que quedaban tenían ya, a finales de noviembre, sus agendas hasta finales de enero completamente llenas y las siguientes todavía no estaban abiertas. Así que durante diciembre y enero, si alguien de este barrio tenía una necesidad médica que no pudiera esperar semanas a ser atendida, no le quedaba más remedio que recurrir a las urgencias.
Actualmente este consultorio, que sobre el papel debería tener 17 médicas y médicos de familia, tiene 8. Y solo por las mañanas. Si debiera tener 4 pediatras, actualmente solo tiene 2. Y solo por las mañanas. El turno de tarde lleva meses tocado y hundido. Este turno contará solo con una médica los lunes, miércoles y viernes, que tendrá que ocuparse de las urgencias, por lo que no podrá atender a la consulta.
Sigue en la misma situación que hizo que el principal sindicato de médicos y médicas lo pusiera, hace dos meses, en la cabeza de una lista de 18 centros de salud de la Comunidad de Madrid que necesitan un plan de rescate específico y “urgente” por su alto déficit de profesionales sanitarios. O lo que es lo mismo, por el gran número de plazas para médicos de Atención Primaria y Pediatría que están sin cubrir.
Consideramos inadmisible esta situación de falta de recursos que en la práctica niega el derecho a la Atención Primaria al vecindario y sus valores principales: la longitudinalidad, la prevención, la relación interpersonal médico-paciente y el cuidado de la sociedad en su conjunto. Como regularmente recuerdan las organizaciones sanitarias, diferentes estudios médicos han demostrado que la longitudinalidad asistencial, esto es, tener el mismo médico de familia durante 15 años, reduce la mortalidad un 25%, las hospitalizaciones un 28% y el asistir a las urgencias un 30%.
Desmantelar la Atención Primaria, que es además la puerta de entrada al conjunto del sistema sanitario, es en definitiva desmantelar el acceso a la salud como derecho fundamental.
Llamamos al vecindario de Carabanchel y de todo Madrid a luchar por una sanidad pública, universal y de calidad, no solo para nuestro barrio, sino para toda la Comunidad de Madrid.
