Tres vecinas de los barrios populares de la Comunidad de Madrid participaron el pasado viernes 20 de junio en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para denunciar el alarmante deterioro del sistema sanitario público en su región. Miembros de la plataforma Vecinas y Vecinos por la Sanidad Pública y de la Asamblea Popular de Carabanchel denunciaron la alarmante situación de cientos de miles de personas afectadas por las privatizaciones del sector sanitario público, los cierres de centros de salud, los tiempos de espera inaceptables, la falta de personal y las crecientes desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.
Esta iniciativa se inscribe en una movilización popular de largo recorrido contra el desmantelamiento sistemático de la sanidad pública en España, y en particular en la región de Madrid. En agosto de 2024, miembros de la Asamblea Popular de Carabanchel llegaron a Ginebra en bicicleta para alertar a las instituciones internacionales. Con el apoyo del CETIM, se celebraron reuniones con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), misiones diplomáticas, responsables municipales y periodistas.
Una de las representantes madrileñas intervino en la sesión plenaria del Consejo durante el diálogo interactivo con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. En su intervención describió una situación cada vez más crítica: más de 760.000 personas sin médico de familia ni pediatra asignado, un colapso de la medicina de proximidad y una política regional que solo destina el 10,7% de su gasto sanitario a la medicina general, cuando la OMS recomienda un 25%.
“Cuando no tienes médico, acabas en urgencias saturadas o, simplemente, no tienes acceso a la atención sanitaria. Es una violación del derecho fundamental a la salud”, expresó la representación madrileña ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos.
El mensaje transmitido en Ginebra es claro: las políticas aplicadas por las autoridades madrileñas exponen a una parte cada vez mayor de la población a graves riesgos para su salud. Los barrios populares son los primeros afectados. Por lo tanto, se pide al Consejo de Derechos Humanos que intervenga ante las autoridades españolas para que éstas respeten sus compromisos internacionales y garanticen un acceso universal real a un sistema de salud pública digno.
