La factura del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC experimentó una nueva bajada, en esta ocasión del 14,5%, en el mes de abril, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, el recibo del último mes se ha situado en los 60,99 euros con respecto a los 71,35 de febrero.
El pasado 21 de marzo entró en vigor el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que, entre otras cuestiones, redujo el impuesto especial sobre la electricidad al 0,5% y el IVA del suministro eléctrico al 10%.
En cuanto a la evolución interanual, el recibo ha bajado un 10,1% con respecto a los 67,83 euros de abril de 2025. En los últimos años, la factura del usuario medio —un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales— del mes de abril ha sido de 60,99 euros en 2026, 67,83 euros en 2025, 54,69 euros en 2024, 55,29 euros en 2023 y 124,90 euros en 2022.
Además, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 19,29 céntimos en horario punta, 12,20 céntimos en el llano y 9,71 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía ha disminuido con respecto a abril de 2025 un 7,0% en punta, un 3,0% en llano, y un 18,9% en valle. La potencia, por su parte, se ha mantenido en los 2,87 euros en los que se situó en el mes de marzo tras la reducción de impuestos aplicada por el Gobierno. Desde enero al mes pasado, había estado en los 3,30 euros. Durante todo 2025, la potencia estuvo situada en los 3,21 euros.
FACUA viene reivindicando modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada. Así, la asociación reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijados por el Gobierno a largo plazo. De esta forma se evitarían los denominados “beneficios caídos del cielo” de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora.
En este sentido, aunque la asociación viene reclamando igualmente que la electricidad sea gravada con un IVA reducido o superreducido con independencia de coyunturas concretas de precios especialmente altos, critica que el nuevo Real Decreto del Gobierno se limite a realizar esta rebaja de impuestos y olvide nuevamente la fijación del tope al gas, que provoca el encarecimiento del precio de todos los sistemas de generación eléctrica que pujan en la subasta diaria, ni tampoco el establecimiento de precios máximos.
FACUA critica asimismo la ausencia de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social. Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos.
Asimismo, FACUA reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos. El último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indica que siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.
