Una delegación de vecinos y vecinas de Madrid ha llevado a Bruselas el grito ciudadano de “No a la tala” el 20 de septiembre. Esa jornada, tres portavoces de la plataforma Yo Defiendo Este Árbol y la FRAVM se reunieron con representantes de diferentes grupos políticos, la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la Comisión Europea para denunciar el daño para el medio ambiente y la salud pública que van a suponer las obras de la ampliación de la línea 11 de Metro y las casi 700 talas de árboles contempladas.
El día siguiente fueron escuchados a las 11:00 por las y los eurodiputados en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde pidieron que se abra una investigación, ya que estas obras cuentan con un préstamo de 372 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Tras la sesión, comparecieron ante los medios de comunicación para valorar la acogida recibida en el Parlamento Europeo. Tras escucharles, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha dado luz verde a estudiar la tala de árboles masiva en Madrid para la ampliación de la línea 11 de Metro.
Denuncia ante el BEI
Hace unos días, los colectivos vecinales presentaron una denuncia ante el Banco Europeo de Inversiones por una serie de irregularidades que, a su juicio, contravienen los objetivos medioambientales de la Unión Europea. En junio de 2022 el Banco Europeo de Inversiones concedió un crédito de unos 372 millones de euros para ejecutar las obras de ampliación de la línea 11 de Metro. En su escrito, la plataforma Yo Defiendo Este Árbol y la FRAVM denuncian los siguientes hechos:
- La documentación remitida al BEI por la Comunidad de Madrid para la solicitud del préstamo y que figura en la web de dicha entidad no se ajusta al proyecto de construcción ni a la documentación que ha servido de base para la adjudicación del contrato de obras. Y lo más grave es que, en el momento de iniciarse la tramitación del préstamo (abril de 2022), según consta en la web del BEI como fecha de lanzamiento, el Gobierno regional ya sabía que el proyecto de construcción, aprobado en noviembre de 2021, no respetaba la Declaración de Impacto Ambiental. La Comunidad envió a sabiendas al BEI una documentación que contemplaba una afectación medioambiental mucho menor que la real: por ejemplo, la remitida preveía la tala de 79 árboles y el proyecto que se va a ejecutar pretende destruir 676. También iban a verse afectadas 9.624,60 m2 de zonas verdes y ahora son 48.170,00 m2.
- La actividad de ejecución de una infraestructura de transporte financiada por un préstamo de 372 millones de euros concedido por el BEI a la Comunidad de Madrid para la ejecución de las obras de ampliación de la línea 11 no respeta la normativa europea que exige que, como consecuencia de la misma, no se produzcan o aumenten los efectos adversos para las condiciones climáticas actuales y previstas en el futuro. La ejecución del actual proyecto provocaría la destrucción de centenares de árboles maduros a todo lo largo del trazado. De nada vale “vender” que con la nueva línea de Metro van a circular menos coches y se van a emitir menos gases si, para ello, se destruye una gran cantidad de árboles, que no solo sirven para captar y depurar esos gases nocivos, sino que además aportan otros muchos beneficios a la ciudadanía como rebaja de la temperatura, efectos psicológicos de las zonas verdes, lugares de encuentro, etcétera.
- Además, la posible destrucción de conjuntos arbóreos en varios puntos del trazado afectaría a lugares que gozan de protección urbanística especial y son parte del patrimonio mundial [el Paisaje de la Luz], llegando la Administración promotora a falsear planos de instalaciones con el fin de justificar la elección de una alternativa de trazado que no es la que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental.
- Existen alternativas para ampliar la línea 11 sin sacrificar innecesariamente el patrimonio natural y cultural de Madrid. Las denunciantes apoyan la necesidad de avanzar en la movilidad sostenible y agradecen al BEI que impulse nuevos proyectos con la financiación de la Unión Europea, pero al mismo tiempo exigen que cualquier sacrificio sea evaluado, informado y mitigado, cumpliendo las normas medioambientales y sociales del propio BEI, que garantizan que el patrimonio natural y cultural no sea la principal víctima.
