El Ayuntamiento arrasa el Parque de Comillas y la arboleda de Arganzuela

El 11 de diciembre de 2023 pasará a la historia de Madrid como “el lunes negro del medio ambiente”. Ese día comenzaron las talas “ilegales” del Parque de Comillas y la arboleda de Arganzuela debido a las obras “ilegales” de la ampliación de la línea 11 de metro por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Ilegales porque había otras alternativas que evitaban la destrucción de un parque de 3,5 has de 45 años y la tala de más de 1.000 árboles maduros en el total de las obras de ampliación que en el proyecto original solo eran 79.

Después de diez meses de lucha vecinal sin precedentes, el Ayto. de Madrid, haciendo caso omiso a la ciudadanía, al Parlamento Europeo y a la lógica que debe de predominar en estos momentos (los árboles y las zonas verdes en las ciudades son un elemento fundamental para la salud de las personas), ha dado los permisos de tala a la Comunidad de Madrid para iniciar las obras.

¿Por qué consideramos que se trata de una tala ilegal?

Es responsabilidad del Ayuntamiento conceder las licencias de tala, garantizando el cumplimiento de la Ley de Protección del Arbolado Urbano, que exige en su artículo 2 la “prohibición de tala”, y que permite solo “en aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable” la exigencia de repoblar con nuevos árboles. En nuestro caso había alternativas.

El Ayuntamiento está abusando sistemáticamente de este salvoconducto en todo el municipio, y los datos recientes de pérdida de arbolado así lo demuestran. Como consecuencia, los viveros madrileños se llenan de árboles de compensación sin plantar, o vemos cómo las nuevas plantaciones prometidas mueren por una mala gestión y mantenimiento.

Aún más grave es que por primera vez el Ayuntamiento reconoce que localizar estaciones de metro en parques de Madrid no está permitido por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, a pesar de que ya concedió licencias de tala hace un año sin tener en cuenta este condicionante. Solo tras ser señalado por el movimiento vecinal se ha tenido en cuenta esta ilegalidad.

Para resolverlo, han de aprobar un Plan Especial que lo permita. Como respuesta, la Comunidad de Madrid se ha amparado en el art. 163.5 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad para declarar las obras de interés general y poder seguir adelante con ellas a pesar de que no se haya aprobado dicho Plan Especial.

Todavía más alarmante es el hecho de que debe haber un dictamen (o justificación de la no necesidad de tal) de la Comisión para la Protección del Patrimonio Artístico y Natural (CIPHAN) para las zonas de Comillas, Madrid Río y Atocha para permitir las obras. Para agilizar el proceso, el Ayuntamiento de Madrid ha decretado la expulsión de todos los grupos municipales de la CIPHAN para poder aprobar las obras sin oposición.

Está demostrado que hay alternativas viables (para la entrada de la tuneladora y la ubicación de estaciones y otras instalaciones) que reducirían significativamente el número de árboles talados y la afectación a los parques y zonas verdes.

Se ha gestionado con fondos europeos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 372 millones de euros, cambiando el proyecto, sin que se informase al Banco de los enormes impactos medioambientales y sociales que suponen dichos cambios. No es la protesta social lo que llega al BEI, es presentar un proyecto para obtener un crédito de 372 millones de euros y luego ejecutar otro proyecto distinto, ilegal y que vulnera requisitos de sostenibilidad para conceder esos créditos.

El cambio de trazado se ha justificado con un documento que tiene claras muestras de haber sido manipulado (la canalización del Canal de Isabel II, excusa para mover la  estación, no pasa por donde dice el proyecto).

Más de 100 profesionales de urbanismo han remitido al edil madrileño dos cartas, sin respuesta, para que pare la deriva “arboricida” que lleva la ciudad y exija que se estudien alternativas para evitar la pérdida indiscriminada de arbolado.

El Ejecutivo madrileño está presuntamente cometiendo un abuso de poder utilizando con fines espurios la excusa de que se trata de un proyecto “de interés general y de urgencia” para poder esquivar las normas de planeamiento urbanístico que le impedirían continuar con las obras.

La carta enviada por los expertos en urbanismo sostiene que el concepto de interés general que aplica la Comunidad de Madrid al dar este paso choca con el sentir de su ciudadanía y denota una forma de hacer urbanismo en base a criterios unilaterales y ajenos al desarrollo urbano sostenible, más propios del siglo XX que del momento actual.

Comunidad  y Ayuntamiento de Madrid se saltan sus propias leyes y regulaciones, talando incluso aquellos árboles que prometieron trasplantar. Es un ecocidio de numerosos ecosistemas urbanos con su flora y fauna, lo que disminuye la biodiversidad. Elimina las necesarias infraestructuras verdes en zonas urbanas y sus servicios ecosistémicos.

La merma de casi un millar de árboles consolidados, maduros y sanos perjudica a la salud pública: está demostrado científicamente que los árboles contribuyen a la disminución de la contaminación urbana, causa de una elevada mortalidad por afecciones respiratorias, y también mitigan los efectos adversos en la salud de la ciudadanía derivados de las olas de calor.

Así mismo, se está ignorando la solastalgia, la ecoansiedad que están sufriendo en estos días muchos vecinos; síndromes de tristeza, ansiedad e impotencia ante la pérdida del entorno natural donde han paseado con sus familias desde niños. Sentimiento de luto al ver desaparecer su parque, su jardín, donde hasta ahora se relacionaban entre sí y sus hijos y nietos aprendían a relacionarse con la vida natural. Además, se ignora el impacto de las prolongadas obras a escasos metros de entornos vulnerables (colegio Perú en Comillas).

Vulneran las figuras de especial protección que tienen algunas zonas verdes afectadas por dichas obras, ignorando por ejemplo el valor de los cedros centenarios y otros ejemplares del Paisaje de la Luz declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. Denunciamos que en Madrid no haya una ley de patrimonio arbóreo como en otras comunidades que impediría este ecocidio.

El Parlamento Europeo registró una petición de amparo ante el ecocidio arbóreo de Madrid, cuya investigación sigue en curso. Éste vulnera directivas europeas, vulnera el marco europeo de referencia para la ciudad sostenible y contradice al Pacto Verde europeo.

También vulnera los derechos humanos establecidos en la ONU, en concreto el derecho a la salud y el derecho humano universal a un entorno sano y saludable. Y vulnera los derechos de la naturaleza recogidos en la pasada cumbre de la biodiversidad celebrada en Canadá.

Vulnera los derechos de la naturaleza coincidiendo con la COP28, y en este contexto es especialmente paradójico este arboricidio. Recordemos que la COP19 se denominó “la COP de los árboles”, dando un papel predominante a éstos como sumideros de carbono, entre otros servicios ecosistémicos. Además es antidemocrático y anticonstitucional porque vulnera:

— El art. 9.2 de la Constitución Española, que recoge en derecho a la participación ciudadana, porque se está reprimiendo la oleada de protestas vecinales sin precedentes durante meses, ignorando la voluntad popular.

— La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, dirigida a fortalecer los procesos, reivindicaciones, luchas urbanas y participación ciudadana. Se están ignorando la recogida de firmas, las manifestaciones y concentraciones, las consultas e intervenciones en los plenos de distrito, etc., que llevan meses desarrollándose.

— La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al no comunicar, por ejemplo, cuál es el plan que se está ejecutando actualmente de talas y trasplantes.

— El art. 45 de la Constitución Española, que recoge que todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, obligando especialmente a los poderes públicos.

Los actuales poderes públicos de Madrid, de forma unilateral y antidemocrática, están aplicando una política de hechos consumados que vulnera derechos vitales de los ciudadanos y de la Naturaleza. Hacemos llamamiento para que desde todas las instancias posibles se actúe para parar, al menos de forma cautelar, este atropello de tan graves consecuencias.

No talan árboles, lo que hacen es destruir “centros de salud”. El contacto con la naturaleza, los árboles y la fauna es esencial para la salud de la gente en áreas urbanas.

La lucha continúa, el alumnado del colegio Perú nos necesita.

Fernando Gómez. Ingeniero Técnico Forestal UPM. Mesa del Árbol de Carabanchel

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