La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad convoca una serie de movilizaciones con el objetivo de parar el cierre de los centros de salud en verano. Esta tarde, a las 20:00 horas, Carabanchel se manifestará desde el Centro de Salud de General Ricardos hasta el Hospital Gómez Ulla
Más de un año después del comienzo de la pandemia el deterioro de la sanidad pública es cada día mayor. Antes de empezar con el COVID ya estaba colapsada tras décadas de recortes y privatizaciones. El personal sanitario, aplaudido hace unos meses, ahora está agotado y desmoralizado.
La mayor parte del dinero ha ido a parar a empresas privadas: vacunas, rastreadores, pruebas diagnósticas, fármacos de dudosa eficacia y hospitales innecesarios, mientras permanecen cerradas miles de camas en hospitales públicos. Otro tanto va a suceder con los Fondos Europeos: irán a engrosar negocios privados y luego los pagaremos nosotros como Deuda.
Ante las enormes listas de espera que producen muertes evitables por diagnósticos tardíos (el 20% de los cánceres), lejos de reforzar la sanidad pública, los gobiernos aumentan los contratos de las patologías más rentables con la sanidad privada.
Los retrasos en la atención sanitaria pública han llevado a mucha gente desesperada a hacerse pólizas con aseguradoras privadas. Éstas, en 2020 han ganado más dinero que nunca: 9.000 millones de facturación y once millones de clientes. Casi 1 de cada 4 personas tiene un seguro privado a nivel estatal.
En las residencias de mayores, casi todas privadas y con condiciones penosas, se han producido casi la mitad de las muertes totales por COVID. Las denuncias de las familias por haber dejado morir a sus seres queridos son archivadas por los jueces.
Mientras las patentes protegen los multimillonarios negocios de las multinacionales farmacéuticas, los gobiernos no han adoptado medidas preventivas y de salud pública básicas como la actuación sobre el hacinamiento en viviendas y transportes, detección precoz y aislamiento de casos, etc.
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