Incrementa la violencia en Colombia a manos del represivo gobierno nacional de Iván Duque y su bancada del Centro Democrático abanderada por Álvaro Uribe Vélez, que incita al uso de armas por parte de la fuerza pública contra ciudadanos en estado de indefensión. Desde el 28 de abril de 2021, los colombianos están en las calles en Paro Nacional, el pueblo se levantó de manera pacífica para exigir sus derechos, frente a la decisión del gobierno de Duque de imponer una nefasta reforma tributaria en plena crisis ocasionada por el COVID 19.
Colombianas y colombianos desde el exterior, denunciamos ante el mundo de manera parcial sobre agresiones de la fuerza pública contra manifestantes pacíficos: 45 civiles asesinados (Otros 37 por ser verificados), 2 menores de edad, ) 11 mujeres jóvenes violadas por el ESMAD. Más de 131 personas desaparecidas, 985 heridos por arma de fuego y por lo menos 85 defensores/as DDHH agredidos físicamente, de acuerdo a un informe con corte al 5 de mayo de la Mesa de Presos Políticos a través de la Campaña “Defender la Libertad Asunto de todos”.
El 6 de mayo, de acuerdo a la ONG Temblores, las cifras de agresión y violaciones de Derechos Humanos eran impactantes: más de 98 casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía, 98 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 33 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 2655 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 48 víctimas de agresión en sus ojos.
Alertamos sobre el accionar homicida de la fuerza pública, incluyendo policía, ejercito, ESMAD y en varios lugares Grupos Especiales Operativos GOES que, desde el 28 de abril hasta el 5 de mayo y con mayor sevicia en la madrugada del 3 de mayo, donde actuaron de manera brutal excediendo su competencia, además de usar armas letales contra el cuerpo de las y los manifestantes de manera indiscriminada especialmente contra jóvenes, algunos de ellos que han perdido uno de sus ojos, tampoco les importó la presencia de adultos mayores, niñas y niños que estaban en las protestas sociales legítimas como ciudadanos afectados directamente en el cubrimiento de sus necesidades básicas por las medidas económicas antidemocráticas que se pretende con la reforma tributaria.
Denunciamos que se registró una nueva masacre, entre la noche del viernes 30 de abril y la madrugada del sábado 1 de mayo en la ciudad de Cali, cuando después de ser interrumpido el servicio de fluido eléctrico, se escucharon disparos, aturdidoras y demás artefactos utilizados por el ESMAD y la policía, reportándose decenas de heridos de gravedad y múltiples desaparecidos. De otra parte, la ciudadanía informa extraoficialmente que en la noche del viernes aterrizaron en la Base Aérea de Cali ´Marco Fidel Suárez’ aviones con un número considerable de pie de fuerza, para reforzar acciones en la ciudad y que el ejército y la policía están reteniendo de manera ilegal a los y las manifestantes dejándolos indocumentados.
De igual forma el día sábado 1 de mayo se llevaron a cabo varias movilizaciones ciudadanas por el derecho al trabajo digno, garantías de vida y derechos básicos de los colombianos y las colombianas, pero la represión fue más fuerte, incluso el presidente Iván Duque en una rueda de prensa que se llevó a cabo en las horas de la noche, anuncio que mantendrá la figura de “asistencia militar”, lo que no es más que una justificación de la militarización de las ciudades. Por todo lo anterior solicitamos presencia de una comisión de países garantes y una mesa de dialogo con el gobierno de Colombia a fin de que pare el genocidio.
Rechazamos toda acción violenta contra la población y la exacerbación de los ánimos a la fuerza pública como de manera irresponsable lo hizo Álvaro Uribe Vélez a quien responsabilizamos en igual proporción que al presidente Duque por las masacres autorizadas, incitadas y ejecutadas a través de la policía y ejército de Colombia.
El mundo debe conocer y estar consciente de la injusta imposición de una reforma tributaria con el aumento del 19% en los impuestos grabables a los alimentos básicos de la canasta familiar y los servicios públicos, así como el 41% a las pensiones de los jubilados, en medio de una pandemia donde muchos mueren de hambre sin recibir la renta básica que ciudadanos de bajos recursos económicos, muchos de ellos desempleados, organizaciones sociales, partidos políticos han demandado al gobierno nacional, para ayudarles a enfrentar la crisis humanitaria en la cual el COVID 19 ha dejado 72.000 personas fallecidas.
De manera respetuosa, pero contundente, solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Organización de Naciones Unidas, a los países garantes del Acuerdo de Paz, a los gobiernos y parlamentos de diferentes países, a que se pronuncien de inmediato exigiendo el cese de la violencia en Colombia por parte del gobierno Uribe-Duque y de ser posible se desplace una comisión internacional de verificación que garantice el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las y los ciudadanos, sin que quede impune la violación de los mismos, ni se siga acribillando al pueblo por exigir sus derechos de manera constitucional y pacífica, a causa de la ineptitud e incompetencia de Iván Duque para gobernar y enfrentar una crisis de salud como la ocasionada por el COVID 19, presidente por demás cuestionado por posibles irregularidades en su campaña a la presidencia y actos de corrupción en el que estaba involucrado el asesinado ganadero José ‘Ñeñe’ Hernández.
Millones de colombianos nos hemos manifestado desde el miércoles 28 de abril en el mundo, en contra de un sistema de gobierno fundado en la desigualdad social, la violencia y la destrucción de la vida y del planeta. La situación de orden público en Colombia es muy delicada, estaremos desde el exterior seguiremos denunciando, estaremos vigilantes y atentos a cualquier acción que podamos efectuar para garantizar la vida y la Paz de nuestros hermanos en Colombia.
Le exigimos al sr duque que tome todas las medidas necesarias para detener el baño de sangre que Colombia está viviendo, en este sentido ordene cesar inmediatamente las acciones de represión, retire el decreto de Asistencia militar que no es otra cosa que la implantación de una dictadura militar, ordene inmediatamente a las fuerzas represivas volver a las comisarías y brigadas correspondientes.
Los colombianos y colombianas en Madrid España estamos organizados y no vamos a dejar de protestar hasta que usted renuncie y esperamos sea procesado y condenado por las respectivas cortes internacionales de derechos humanos. Madrid esta es nuestra respuesta organizada.
Como organizaciones de la sociedad civil internacional continuamos en Alerta por una Colombia en Paz. Y reiteramos nuestro compromiso con la salida pacífica al conflicto con el pueblo colombiano.
Por: Coordinadora Colectivos colombianos Unidos en Madrid España
Fotografías: Agencia AFP
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