Las medidas, además de garantizar unos ingresos mínimos, deben incluir rebajas temporales de impuestos a los salarios y al consumo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a las economías avanzadas que adopten una serie de medidas fiscales para atajar el impacto económico provocado por el Covid-19, entre ellas el “ingreso mínimo vital” que proteja a las familias más vulnerables en esta crisis y ha examinado las posibles políticas de recuperación que tienen que poner en marcha los países para reactivar sus economías cuando se ponga freno a la pandemia del coronavirus.
El Fondo ha criticado que, durante otras y recesiones, como la de 2008, el apoyo fiscal discrecional "vino muy tarde y no estaba bien dirigido". Por ese motivo, las medidas, además de garantizar unos “ingresos mínimos”, también deben incluir rebajas temporales de impuestos a los salarios y al consumo.
La principal recomendación que ha realizado el organismo es que se realicen extensiones de la cobertura y las redes de seguridad social, algo que debería ser una "prioridad durante la pandemia", ya que este tipo de apoyo sirve para elevar el consumo de los hogares más vulnerables.
Por otra parte también ha recomendado entre otras medidas la “rebaja temporal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)” o una reducción acotada en el tiempo de los impuestos laborales con el objetivo de incentivar la contratación. En este sentido, el FMI también ha destacado los sistemas fiscales progresivos como un "estabilizador automático" de la economía, ya que durante un periodo de bonanza los ingresos de los hogares no se elevan demasiado pero, en la recesión, tampoco se reducen drásticamente.
En Europa esta prestación existe en la mayoría de los países europeos pero no en España, a pesar de que contamos con una de las tasas de pobreza más altas de nuestro entorno. El 21,5% de la población española está en riesgo de exclusión por sus bajos ingresos, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).
El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos coincidían que uno de los objetivos de su gobierno era la implementación del IMV a lo largo de la legislatura, pero los efectos económicos de la crisis del COVID-19 han obligado al Ejecutivo a implementarlo con carácter de urgencia. Esta medida ha tenido el apoyo tanto de la sociedad civil y otras como la de Luis de Guindos ex ministro del anterior gobierno del Partido Popular y por último de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
El impacto de esta primordial medida beneficiara a: “tres millones de personas, en un millón de hogares, la mitad de ellos con niños y 100.000 monoparental” impidiendo que este segmento de la sociedad se quede al margen de las ayudas del gobierno. Algunos sectores del Gobierno, favorables a su aprobación inmediata ya han avanzado algunas de las cifras que se barajan: “500 euros al mes que incrementarían en función de si hay niños en el hogar u otro adulto sin ingresos.”
Aunque el ministerio no ha avanzado todavía los criterios que se establecerán para conceder el IMV, y que todavía se están estudiándose. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que se podrá cobrar en junio ya que será aprobado y puesto en marcha en mayo, al tiempo que avanzó que erradicará casi todos los hogares con pobreza severa, que ha cifrado en el 20 %.
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