Celebrado acto en demanda de ‘verdad y justicia para las 7.291 víctimas en las residencias de Madrid’
El jueves 25 de junio ha tenido lugar en el Espacio Rosa Luxemburgo, con la sala llena de público, un acto convocado por la plataforma Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias en demanda justamente de eso mismo: verdad y justicia para las 7.291 víctimas en las residencias de Madrid durante la pandemia de COVID.
Ejerció como presentador Javier Cordón, de la Plataforma, quien apuntó que el objetivo del evento era “recordar que hay un asunto gravísimo del que no se habla, y queremos que se hable y se solucione”, en relación con lo sucedido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y el elevadísimo número de víctimas resultante de las decisiones que en ese momento se tomaron. Cordón resaltó asimismo la asimetría que puede observarse entre “dos velocidades” muy diferentes en la Justicia si comparamos un tipo de casos absolutamente mediáticos cuyo desarrollo va a un ritmo de vértigo y otros como el que nos ocupa, que seis años después sigue a ritmo de caracol.
La primera de las intervinientes fue Beatriz Martos, de Amnistía Internacional, quien utilizó como eje el informe de investigación emitido por su organización en diciembre de 2020 bajo el título “Abandonadas a su suerte”, que ponía de manifiesto “La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España”. El informe se centraba en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, por considerar que fueron los territorios en los que las medidas adoptadas fueron más insuficientes e inadecuadas, produciéndose una situación especialmente desgarradora en las residencias.
Martos destacó que en este escenario se produjeron varias violaciones a los derechos humanos, en concreto los derechos a la vida, a la salud física y mental, a la igualdad y no discriminación, a la vida familiar y a la vida privada y a una muerte digna. Todo ello supuso “muchísimo sufrimiento para las víctimas, para sus familiares y para el personal trabajador”. Comentó asimismo que en el citado informe se hicieron una serie de peticiones bastante detalladas que a día de hoy no se han cumplido, e incidió en que desde Amnistía Internacional se sigue reclamando “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, así como “un modelo residencial que ponga la dignidad y la calidad de vida de las personas residentes en el centro”. En opinión de la interviniente, si volviera a ocurrir algo como lo de la pandemia de COVID la situación se repetiría tal cual o incluso aún peor dado que ha aumentado la precarización de los sistemas necesarios para la respuesta a la misma.
A continuación intervino Alejandra Jacinto, abogada del CAES y de parte de las familias de las víctimas, quien hizo un resumen del proceso, que definió como “muy complejo, muy tedioso y con una profunda sensación de impunidad”. En este sentido, la abogada señaló que “parece que no se quiere entender lo que ha pasado”, hablando claramente de “falta de voluntad”. Pero, en todo caso, quiso en su intervención transmitir “un mensaje de optimismo”, dado que existen actualmente muchas causas abiertas.
El último participante, Manuel Rico (director de Público y autor del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias), comenzó dejando claro que, en su criterio, “la Justicia debería haber investigado de oficio, y no que los familiares tuvieran que buscar las pruebas. La Justicia falló ahí, y los familiares llevan ya seis años luchando”. Rico hizo algo de historia del recorrido de las querellas desde las primeras que se plantearon, a partir de mayo de 2020, cuando estaba aún en su apogeo la pandemia.
El periodista insistió en que la discriminación sufrida por las víctimas de las residencias de mayores, por criterios de domicilio, edad, dependencia y poder adquisitivo, tuvo cuatro vías: en primer lugar, no se medicalizaron las residencias; en segundo lugar, no se derivó a las víctimas a los hospitales públicos; en tercer lugar, no se les derivó al hospital temporal instalado en el IFEMA; y en cuarto lugar, no se les derivó a los hospitales privados, entonces bajo la responsabilidad del sistema público, salvo que la persona afectada tuviera seguro privado. Todo ello combinado impidió su posible salvación. El director de Público también incidió en lo señalado por el presentador del acto respecto a la existencia de “dos velocidades para la Justicia”, y por ello, en sus palabras, “seis años después de lo que ocurrió en las residencias madrileñas seguimos sin conocer la verdad”.
Siguió un turno de preguntas que, como era de esperar por el interés del tema y la gran presencia de familiares de víctimas, cubrió todo el tiempo disponible para ello. Cerrando el acto, Javier Cordón insistió en que este caso está “en la parte de la lentitud de la Justicia”, y que por ello “necesitamos que la presión social no pare, sino que vaya a más”, para conseguir la verdad y la justicia enunciadas en el título.
