El grupo ADELA de la Asamblea Popular de Carabanchel denuncia a un grupo de empresas de servicios de conserjería que ‘sistemáticamente abusa y explota a sus trabajadores’
Hace casi un año, en noviembre de 2022, Valentín acudió por primera vez a una de las asambleas de ADELA (grupo de AutoDEfensa LAboral de la Asamblea Popular de Carabanchel). Había intentado contactar —sin éxito— con el grupo de empresas Conserhome y Practiconserjes de Madrid, reclamando impagos y la improcedencia de su despido. El siguiente paso de Valentín fue poner una papeleta de conciliación, pero la empresa tampoco acudió a la cita.
Apoyado y acompañado por ADELA, Valentín decidió poner una demanda. Analizando a fondo su situación, las irregularidades eran muchas: su salario estaba por debajo del convenio, le habían dejado sin pagar horas de su jornada y también horas extra, el despido era improcedente y además la prestación de servicios se había realizado en diferentes centros de trabajo, con funciones distintas según el lugar que le tocase.
Sin embargo, el recorrido del conflicto de Valentín no se agotaba en la vía judicial. Estaba dispuesto a politizarlo, es decir, a sacarlo de la esfera individual y hacerlo colectivo, visibilizarlo en diferentes piquetes acompañado por ADELA y también de otros colectivos de autodefensa laboral de Madrid como la RAL de Vallekas. Durante los meses de marzo y abril acudimos a las puertas del local en el que la empresa realizaba las entrevistas de trabajo y a diferentes comunidades de vecinos que tenían contratados sus servicios de conserjería.
A lo largo de estos meses, algunos ex-trabajadores y ex-trabajadoras de la empresa han contactado con Valentín y con ADELA para compartir que han vivido la misma situación de impagos e improcedencia en sus despidos. Han apoyado la lucha de Valentín, han iniciado la suya propia o están pensando en hacerlo.
El día del juicio de la demanda, a pesar de la negativa del empresario, Valentín terminó obteniendo un acuerdo judicial por la cantidad que reclamaba. Aún estamos a la espera de que la empresa cumpla con la decisión judicial, y de no ser así reemprenderemos el camino que habíamos iniciado: seguir movilizándonos y seguir señalando las prácticas abusivas de la empresa.
El conflicto de Valentín, que ya es un conflicto de todo el colectivo, vuelve a poner sobre la mesa cómo la explotación laboral se ceba más con la población migrante, estén o no en situación administrativa irregular. Las empresas presuponen y se aprovechan de que, por haber migrado, se está en situación de más necesidad o de más desconocimiento de la legislación laboral del país. Lo que no se esperan es que la precariedad también se organiza en grupos como ADELA, donde ponemos en común los recursos con los que contamos, así como las fuerzas y las redes, para amplificar las luchas e impulsar un espacio natural de socialización como es el barrio, donde poder reapropiarnos de nuestras vidas.
