A uno, que ya peina canas, le resulta muy llamativo ver cómo en un distrito de gente trabajadora proliferan cada vez más las alarmas de compañías de seguridad privada, en portales, balcones y terrazas.
Es curioso, nadie que no tenga sensación de inseguridad instala una alarma en su casa, un producto que, aunque cada vez más asequible, sigue siendo costoso. Los motivos son claros: vemos en nuestro barrio hechos delictivos violentos que antes no sucedían, y en segundo lugar el miedo a la ocupación.
Indicar que si alguien ocupa la vivienda habitual de una persona, la Policía, sea del cuerpo que sea, al tener conocimiento de esta situación, tiene la obligación legal de desalojar de inmediato a la persona o personas que cometan estos hechos, independientemente de si llevan en la vivienda habitual una hora, 24 horas o 45 días, pues aquí existe un delito flagrante. Esto no es una ocupación, sino allanamiento de morada, un delito grave en el que la Policía ha de intervenir de forma inmediata sí o sí, y poner la vivienda de nuevo en disposición del legítimo propietario.
En cuanto a la inseguridad, hablando hace unos días con personas que conocen de primera mano la problemática en sus distintas perspectivas, me comentaban que el problema radica en que los cuerpos y fuerzas que nos protegen no son en su opinión suficientemente eficaces y eficientes (yo creo lo mismo); de ser así no tenían que proliferar las empresas de alarmas, vigilantes de seguridad o detectives privados, que llenan esos “vacíos” que desde lo público no se “resuelven”.
Añadían el siguiente ejemplo: señalaban a algunos países europeos, tanto pertenecientes a la UE como no, países con larga tradición democrática en los que la presunción de inocencia se respeta igual que en España. Afirmaban: tú vas a esos países, haces una fiesta en un piso o pones la música alta, y con una sola visita de la autoridad queda resuelta la cuestión de forma definitiva, le abran la puerta o no le abran. Aquí, el vecino que sufre al incívico tiene que volver a llamar diez veces más a la autoridad por los mismos hechos, para que al final le terminen mandando una carta diciendo que hay un problema de convivencia y le inviten a una mediación. Y así estamos como estamos, con esa proliferación burda de partidos de extrema derecha, que no van a resolver nada.
Así que espero e invito a quien lea este artículo/denuncia a que no contrate alarmas: hay que exigir a los poderes públicos, a todos, desde la Administración local, autonómica, y nacional, que den respuesta a los problemas de los ciudadanos, que en Carabanchel pagamos impuestos igual que en cualquier otro lado y tenemos derecho a estar y sentirnos igual de seguros y protegidos que en otros lugares.
