Nos quieren amordazados

ROBERTO BLANCO TOMÁS
“Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas”, entre 30.001 y 600.000 euros de sanción. “La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas”, entre 601 y 30.000 euros. Concentraciones para impedir la ejecución de desahucios, entre 601 y 30.000 euros. “No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana”, entre 601 y 30.000 euros. “La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores”, de 100 a 600 euros. “Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, de 100 a 600 euros. “La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada”, de 100 a 600 euros. “La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año”, de 100 a 600 euros.
Todas estas cosas y bastantes más están en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, que acaba de entrar en vigor. Según esta ley, no son delitos, sino “infracciones administrativas”. Como se puede ver, hay bastante espacio para la subjetividad, y la decisión de penalizar o no va a ser de un policía, que depende del Ministerio del Interior, y no de un juez, al que se le supone independencia. Pero si no son delitos, ¿por qué se castigan? ¿Protestar es una “infracción administrativa”? ¿Con qué derecho decide un señor de uniforme que protestar contra un desahucio supone varios miles de euros de multa? A la porra el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el principio de seguridad jurídica…
De entrada, te multan, y luego si quieres recurre, pero de momento ya tienes que pagar. ¿Y quién puede afrontar, por ejemplo, una multa de 30.000 euros? Sí, es una mordaza; y pretenden que nos la pongamos nosotros mismos.