La Empresa Municipal pone precio a nuestro derecho a una vivienda digna

La EMVS pone precio a nuestro derecho a una vivienda digna

Los ‘fondos buitre’ se quedan con la vivienda pública de Carabanchel y otros distritos de Madrid

ASAMBLEA POPULAR DE CARABANCHEL 15M

La vivienda es un derecho recogido en nuestra Constitución, y así lo reivindicamos y defendemos desde la Asamblea Popular de Carabanchel cuando actuamos para paralizar desahucios y cuando exigimos el acceso a una vivienda digna, por ejemplo. Sin embargo, el ayuntamiento de Madrid no parece entenderlo así, ya que a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que debería facilitar el disfrute de este derecho, hace negocio mediante la subasta al mejor postor de viviendas protegidas ubicadas en diferentes distritos de la ciudad, entre ellos Carabanchel.

Entre 2003 y 2007, la EMVS hizo entrega de varias promociones de viviendas. Posteriormente, en 2010, pone a la venta cuatro de ellas en los distritos de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas y Pavones. Se trataba de la primera venta de viviendas protegidas, que afectaba a 630 familias, y con la que esperaban obtener 64 millones de euros. Pero esta no fue la última venta, en 2013 el negocio continua, y salen a subasta nuevas promociones, comprándolas un fondo de inversión extranjero, Blackstone, el mayor fondo de capital riesgo del mundo.

En total, se han vendido 1.860 viviendas, y de estas ventas, 859 se han producido en el PAU de Carabanchel, 916 en PAU Vallecas, 52 en Villaverde y 33 en el centro. La forma de comunicar este cambio de propietario a las personas afectadas ha sido muy simple: el envío de una carta en la cual se da la decisión por tomada, sin que previamente haya habido una consulta a los inquilinos o una explicación con más detalle sobre los motivos y consecuencias de la venta de sus viviendas.

Tras estos hechos, llegaron los desahucios de vivienda pública, alcanzado niveles similares a los desahucios hipotecarios. La EMVS comenzó a enviar cartas de desalojo para aquellas personas cuyo contrato de arrendamiento vencía, sin posibilidad de prorrogar su vigencia. En otros casos, se abría la posibilidad de renegociar las condiciones del mismo. Pero, para gran parte de estas familias, en muchos casos numerosas, monoparentales, en situación de desempleo, mujeres víctimas de violencia de género, y con mayores responsabilidades familiares como menores o personas dependientes a su cargo, es imposible poder hacer frente a las nuevas condiciones propuestas por sus nuevos “caseros”, que suponen aumentos en la renta a pagar o cambios de vivienda a otros distritos.

La situación era y es tan complicada para ellas, que algunas personas decidieron poner fin a sus vidas, como es el caso sucedido en septiembre de 2013, de Amparo, vecina de Carabanchel, que tras recibir su carta de desalojo de su vivienda social por parte de la EMVS, se suicidó.

Nos encontramos por tanto, ante un proceso de privatización de la vivienda social que vulnera nuestros derechos y juega con la vida de las personas para que el Ayuntamiento de Madrid y el Fondo de Inversión Blackstone puedan lucrarse. Si tenemos en cuenta la situación de crisis socioeconómica y sus consecuencias en lo referente al aumento de la pobreza y vulnerabilidad de las personas, es muy probable prever que la demanda de vivienda social ascienda, pero con esta venta por parte de la Administración pública se limita su capacidad de garantizar nuestro derecho a la vivienda y dar respuesta a estas personas que, no olvidemos, forman parte de colectivos vulnerables.

Por otro lado, resultan extrañas las condiciones en las que se ha producido la venta de esta vivienda pública. Por un lado, el argumento que lo justifica por parte de la alcaldesa del ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, es la necesidad de obtener fondos para garantizar la supervivencia de la EMVS. Sin embargo, el precio al que se han vendido se acerca a los 68.000 euros por cada una de ellas, cuando el precio del mercado de viviendas de similares características sería de 91.560 euros (teniendo en cuenta el precio de la vivienda en julio de 2013, año en el que se produjo la venta de la mayoría de las promociones), por lo que se estarían vendiendo por debajo del precio de mercado.

Ante esta situación, la ciudadanía no ha permanecido pasiva, se ha iniciado y autoorganizado un movimiento vecinal promovido por las personas afectadas, cuyo propósito es luchar por el acceso a una vivienda y la paralización inmediata de este fraude. Concretamente, en Carabanchel se ha creado la unión de vecinos y vecinas: www.vecinosindignados.com, afectados por la subasta de vivienda pública del PAU.

Desde la asamblea de Carabanchel apoyamos a este movimiento vecinal y rechazamos rotundamente la practica atroz realizada por el ayuntamiento de Madrid, que supone una vulneración de derechos fundamentales y el desamparo de personas y familias enteras, que se quedan en la calle sin posibilidad de mejorar su situación en el futuro y, por supuesto, sin ningún tipo de respaldo por parte del Estado, que a menudo la clase política se atreve a calificar “de bienestar”.

 

RECUADRO

Web Asamblea Popular de Carabanchel: carabanchel.tomalosbarrios.net

Web movimiento vecinal: www.vecinosindignados.com

Twitter: https://twitter.com/afectadosemvs