Derechos de los internautas
Derechos de los internautas

De la tarifa plana a velar por la convivencia en una Internet libre y neutral

Por Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas

Es el verano de 1998 y acceder a Internet al apenas millón y medio de internautas españoles nos cuesta 271 pesetas la hora de conexión, sin contar las 11,7 pesetas por llamada, normalmente fallida, a una velocidad máxima de 56 kbps. Tres grupos organizados en chats y foros telemáticos: Grupo Tarifa Plana, Plataforma La Huelga y Fronteras Electrónicas de España unen fuerzas y convocan en septiembre la primera huelga de conexión telemática y telefónica en España, para exigir una tarifa plana de acceso a Internet.

La Asociación de Internautas nace en ese contexto, fruto de la unión de esos grupos de activistas telemáticos, en octubre de 1998 con el objetivo estatutario de conseguir un acceso a Internet accesible, asequible y universal. Su acto de presentación se hizo con todos los honores en el Senado español.

Hicieron falta tres huelgas de conexión más, una de ellas de carácter europeo,  hasta conseguir que el Gobierno accediera a llevar al BOE la tarificación plana para acceder a Internet, eso que hoy nos parece tan normal como pagar una cuota mensual y navegar desde tu PC cuanto tiempo quieras. Lo primero en enero de 1999 fue la tarifa plana para el ADSL y después, en junio de 2000, bajo el mandato de la ministra Anna Birulés, para la red telefónica básica (la línea fija de voz).

Casi sin poder reposar ese enorme éxito y con su primer objetivo cumplido, la Asociación de Internautas se embarca en la discusión y colaboración con el gobierno de España para el desarrollo de la primera Ley de Servicios para la Sociedad de la Información (LSSI). Este proceso duró dos años en los que numerosas entidades de todo tipo presentaron y discutieron varias decenas de anteproyectos, y fue posiblemente la ley que más participación de la sociedad civil ha obtenido en la historia de la reciente democracia española. La LSSI salió publicada en el BOE en octubre del 2002. Contenía dos importantes garantías para el internauta: la prohibición del Spam o envío masivo de correo no solicitado, y un concepto que finalmente tuvo una enorme transcendencia jurídica en las campañas de difamación protagonizadas por las entidades de gestión de los derechos de autor contra la Internet libre y neutral: y es que los proveedores de servicios no eran responsables de la información alojada en sus servidores.

Ya en ese año 2002 y a consecuencia de las tarificaciones planas y por ende de un razonable abaratamiento del acceso a Internet los internautas españoles pasamos de ser millón y medio a ser seis millones. La Asociación de Internautas protagonizó varias campañas de divulgación sobre seguridad online haciendo hincapié en temas como el uso de antivirus, cortafuegos, encriptación y cifrado de los correos electrónicos, protección de menores en la red, y la defensa contra el fraude online o los bulos y hoax en la Red.

La llegada en 2004 del Gobierno de Rodríguez Zapatero supuso un ejercicio de involución en la vulneración de los derechos civiles en la Red concretados en el desarrollo de un decreto ministerial en el que se legalizaba SITEL un sistema de interceptación de comunicaciones al margen de la supervisión judicial y sin las garantías constitucionales que hubiera debido ofrecer siendo la Ley Orgánica que no fue. Este gobierno nos trajo también la imposición de un canon digital a numerosos dispositivos digitales que, aplicado de forma arbitraria, indiscriminada, injusta y, por lo que hemos podido comprobar 13 años después, también ilegal, unido a una feroz campaña de difamación contra la Internet libre y neutral protagonizada por las sociedades de gestión de los derechos de autor supuso el cambio de la LSSI por la actual LISI; una grosera forma de eliminar garantías ciudadanas para favorecer los oscuros intereses en Internet del lobbie de la industria cultural.

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