Justicia social

 

Hace casi tres años se consumó una de las más injustas e injustificables medidas del PP para “sanear” las maltrechas arcas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A. (EMVS), tras una serie de inversiones ruinosas por parte de la misma, como las destinadas a la compra de suelo a precios de oro en plena burbuja inmobiliaria a Ibercaja en el distrito de Vallecas. Desde el anterior Gobierno del ayuntamiento de Madrid, y por ende la administración de la EMVS, decidieron la venta de manera bastante opaca y lesiva de 1.860 viviendas sociales localizadas en gran parte en zonas humildes como el PAU de Carabanchel, Vallecas, Villaverde... para obtener liquidez. Dicha venta, según el informe de la Cámara de Cuentas sobre la enajenación de estas viviendas, confirma que se realizó sin las debidas garantías, además de suponer un quebranto económico para las cuentas de la EMVS y, por consiguiente, al ayuntamiento de Madrid y todos sus habitantes.

Estas viviendas fueron a parar al fondo buitre Blackstone, a través de sus filiales en España “Magic Real Estate-Fidere”. Al igual que las promociones de la EMVS vendidas anteriormente a otro banco/fondo buitre, Goldman Sachs, a través de sus filiales “Azora/Encasa Cibeles/Lazora”, que lamentablemente no crea ni tan siquiera interés en un sorpresivo apagón mediático. En contraste con las miles de viviendas procedentes del IVIMA (casualmente ahora llamada Agencia de Vivienda Social —AVS— en esta legislatura) adquiridas por este último banco/fondo buitre “presuntamente” de modo ilegal —a la espera de sentencia—, y por supuesto ilegítimamente.

Además de tener que soportar esta pérdida de patrimonio de unos bienes tan básicos destinados a la gente más necesitada sin posibilidad de acceder a una vivienda en el “mercado libre”, sumado al escaso parque de viviendas sociales con el que cuentan las Administraciones (ayuntamientos y Comunidad de Madrid), se une la pérdida continuada de recursos económicos vía ingresos a través de tasas e impuestos año tras año por parte de estos fondos buitre. Pues como sabemos utilizan unas figuras societarias, las SOCIMIS, creadas prácticamente ad hoc para ellas. Este tipo de sociedades tienen una tasa impositiva prácticamente del 0% —sí, del 0%— por el solo hecho de cumplir unos requisitos (viviendas adquiridas destinadas al arrendamiento por un período mínimo de tres años, un capital social mínimo de cinco millones de euros, cotización en el casino del Mercado Alternativo Bursátil...). Si esta desigualdad fiscal y trato favorable fuese poco, únicamente comparable a las SICAVs, se suma el incumplimiento de pagar tasas de licencias de vados (más de 2.000 €/año por cada una, y solo en el PAU de Carabanchel hay al menos cinco promociones que no tienen regularizada esta licencia).

A su vez, habría que añadir la cantidad de problemas que vienen sufriendo casi todos los inquilinos. Como el encarecimiento por el cambio obligatorio del proveedor del servicio de mantenimiento/suministro de los sistemas de calefacción y ACS en muchos casos, o la dejadez en el mantenimiento de casi todos los edificios (robos por carecer de cerraduras y/o sistemas de acceso en condiciones en zonas comunes, escasez de iluminación interior en estas zonas, ascensores inoperativos, humedades, filtraciones...), o continuando con la ausencia de sistemas de eficiencia energética a través de placas fotovoltaicas simplemente desconectadas, o la más vergonzante de todas, como es la subida generalizada de hasta un 43% del importe de las rentas de alquiler en los contratos vencidos que se renuevan. Con la consecuencia lógica de provocar desahucios o renuncias a continuar viviendo en estas viviendas en las condiciones citadas anteriormente.

A pesar de todo lo anterior, se puede y aún se está a tiempo de revertir la gran mayoría de estas injusticias. Pues se debe y se puede luchar para recuperar todas las viviendas regaladas a precios de saldo, imposibilitando de este modo el cumplimiento de uno de los requisitos indispensables para ese beneficio fiscal, como es alcanzar el período mínimo de tres años de alquiler de las viviendas, por estos fondos, en la gran mayoría de los casos. Y por supuesto hacerles cumplir todas las obligaciones tributarias, como la de las tasas de licencias de vado, a estos fondos buitre, al igual que a cualquier hijo de vecino.

Por todo ello, hay que exigirles, entre otras muchas cosas, al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, la reversión de la titularidad de todas las viviendas, así como el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias y que velen igualmente por el cumplimiento de la regulación técnica en materia de vivienda/edificios.

Martina