ASAMBLEA POPULAR DE CARABANCHEL
Todo comenzó con un SMS. Ése fue el modo por el que José Pedro y su familia se enteraron de que les habían adjudicado una vivienda social de la EMVS a comienzos de 2012, tras tres años de espera. Aquel junio firmaron el alquiler por cinco años de un piso de no más de 54 m2. Él y su pareja vivían con Lucía, su hija, y seis meses más tarde nació Manuel.
La familia tenía un lugar donde vivir, pero no todo eran buenas noticias. Desde que llegaron a la vivienda les tocó sufrir las negligencias y dejadez de la Administración. Se sentía el abandono en la gestión y conservación del edificio. Pasado el año, nació el rumor de que las viviendas habían sido vendidas a fondos buitre.
Cabe destacar que durante el Gobierno del PP más de un 40% de ellas se encontraban vacías al no haber sido adjudicadas. En julio de 2013 se dejó de pasar el alquiler, motivo por el que saltaron las alarmas. Sin embargo, al mes siguiente se retomó el cobro, sin que constase ningún cambio en el registro de la propiedad en ese verano.
Durante 2014 comenzaron a percatarse de ciertas situaciones que delataban que su vivienda y la de decenas de vecinos habían sido vendidas sin conocer quién era el nuevo propietario. El conserje ya no estaba, por lo que había tareas sin atender como sacar los cubos de basura, la lectura de los contadores, limpieza y mantenimiento... Asimismo, dejaron de aparecer dos personas que decían ser de seguridad de la EMVS, que únicamente pernoctaban alguna noche en una de las decenas de viviendas no adjudicadas. A partir de este momento, más problemas comenzaron a surgir. El ascensor dejó de prestar servicio en numerosas ocasiones. También el arreglo de cerraduras y telefonillo, la sustitución de las escasas luces del bloque, humedades tanto en las viviendas como en las zonas comunes, goteras en garajes... Mientras estos problemas persistían, el vecindario continuó pagando el alquiler, las tasas municipales y la comunidad, extremadamente alta.
Con esta situación y en medio de una nueva burbuja inmobiliaria, especialmente de los alquileres, José Pedro y su familia reciben un burofax de Fidere, filial de BlackStone (fondo que se hizo propietario de su vivienda por poco más de 50.000, sin que la EMVS o el Ayuntamiento les hubiesen comunicado el cambio de propiedad ni antes ni después).
La notificación que reciben es para echarles de su casa. En ningún momento se les ofrece la posibilidad de prorrogar el actual contrato, sino uno nuevo con una subida de hasta 900 el primer año, y en aumento con cada transcurso de año. José Pedro intenta comunicarse con el fondo buitre para tratar de prorrogar el contrato, ya que no pueden afrontar las condiciones impuestas, pero la respuesta siempre es negativa, lo que conlleva una orden de desahucio.
Las distintas acciones llevadas a cabo tan solo logran retrasar la fecha del lanzamiento. Pero al no firmar lo que el fondo les imponía, José Pedro recibe una demanda y actualmente se encuentra a espera de juicio. Esto no es otra cosa que un total desprecio a nuestro derecho a la vivienda por parte del fondo buitre, pero también del Gobierno del PP, que gestionaba la EMVS. Y se trata de un ataque a decenas de familias cuya situación es complicada y no pueden hacer frente a las condiciones impuestas por BlackStone.
Lo que no sabía este fondo buitre es que las familias como la de José Pedro están dispuestas a defenderse, y no lo harán solas. Cuentan con el respaldo de la Asamblea Popular de Carabanchel del 15M, colectivos del Distrito y plataformas de vivienda, que no van a permitir que se especule con nuestro derecho a un hogar.
