los sucesos de octubre en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche visibilizan una realidad dura e injusta que suele permanecer oculta
REDACCIÓN / SOS RACISMOUnas 60 personas pasaban toda la noche del 18 al 19 de octubre en la azotea del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, a la intemperie, para “exigir de forma pacífica dignidad frente a las deficientes condiciones de internamiento que vulneran los derechos más elementales y su libertad ante una medida tan ilegítima como desproporcionada”, informa SOS Racismo.
La organización recuerda que en este centro, durante la semana anterior, “varios enfermos han recibido una atención sanitaria inadecuada, enfermos que además han sido expulsados a pesar de tener un cuadro febril complejo, como ha podido comprobar una de las organizaciones sociales que visitan este CIE. […] Esa misma semana también se ha podido contrastar falta de prendas de abrigo, lo que ha empeorado la situación de las personas enfermas. El cuadro más dantesco se vivió el domingo 16 por la tarde, con enfermos esparcidos por el suelo sin ningún tipo de atención médica, al no estar concertada en ese horario, como denuncian las organizaciones sociales. Asimismo, esa semana se han podido documentar casos de expulsiones sin notificación en tiempo y forma, algo especialmente grave si tenemos en cuenta que el propio juez ha recordado al director del CIE que ha de respetar el derecho de asilo (no respetarlo implica expulsar a personas cuya vida puede estar en peligro en caso de retorno forzoso a su país)”. SOS Racismo aclara que “las lamentables condiciones del CIE de Aluche no son ni un problema puntual ni específicas de este CIE, sino que reflejan un problema estructural que afecta a todos los centros de internamiento del Estado”.
Denuncias
Diversas organizaciones han tenido acceso a testimonios de personas que refieren haber sufrido malos tratos y tratos degradantes por parte de la Policía tras los hechos del 18 y 19 de octubre. Estos testimonios aseguran que las agresiones fueron dirigidas tanto a personas que habían participado en la reivindicación como a personas internas que no habían participado de esta.
La mañana del 21 de octubre se presentó en el juzgado de guardia una denuncia por estos hechos firmada por Coordinadora de Barrios y SOS Racismo Madrid, y apoyada por Coordinadora para la Prevencio?n y Denuncia de la Tortura, en la que se pide la investigación de lo ocurrido y la asunción de las medidas cautelares pertinentes para evitar la expulsión del territorio nacional de las personas que han podido sufrir agresiones o los posibles testigos hasta que se esclarezcan los hechos.
Asimismo, las organizaciones denunciaron la restricción de las comunicaciones, “ya que pese a que personas acreditadas para el acceso al CIE de diferentes colectivos intentaron realizar visitas al mismo, la entrada no fue permitida por la Policía durante todo el di?a 19. No fue hasta la mañana del 20 cuando se permitió? a los colectivos acceder, si bien con obstáculos y restricciones como la negación a la posibilidad de utilizar traductor para la comunicación con las personas encerradas”.
Según informa SOS Racismo al cierre de esta edición, a última hora del 3 de noviembre, una veintena de internos han recibido la notificación de su inminente deportación, que tendrá lugar el día 4, a las 19:00, en un ferry desde Alicante con destino a Orán (Argelia) de la empresa Romeu & Cía. Las veinte personas a deportar participaron o fueron testigos de la protesta. “Entre estas mismas personas están las que presuntamente sufrieron agresiones como represalia de las autoridades del centro”, denuncia SOS Racismo.
Por su parte, el pleno del ayuntamiento de Madrid ha aprobado, en la sesión celebrada el 28 de octubre, una moción de urgencia instando al Gobierno de la nación a iniciar el proceso que lleve al cierre del CIE de Aluche. En dicha moción se solicita además que se investiguen los hechos del pasado 19 de octubre y las consecuencias de la protesta que protagonizaron el grupo de 39 internos que subió al tejado para llamar la atención por su situación.
También la FRAVM, el mismo 19 de octubre, volvía “a solicitar el cierre de este siniestro lugar”, como lleva haciendo “desde hace más de ocho años”. Además de mostrar su solidaridad con las personas allí encerradas, la federación de asociaciones vecinales reclamaba “también a la Delegación de Gobierno información transparente sobre la gestión del motín, así como el acceso al centro de organizaciones de derechos humanos para que puedan comprobar in situ el estado de sus moradores. Resulta inaceptable que la dirección del CIE haya impedido esta madrugada el acceso a sus instalaciones de representes institucionales y de los propios servicios de emergencias municipales”, protestaba la federación.
