‘Que los vecinos tomen conciencia de que tienen un centro de detención en su entorno’

Cies Centro de internamiento

Santiago Yerga, coordinador jurídico de Pueblos Unidos y responsable del programa Centro de Internamiento del Servicio Jesuita a Migrantes España

ERNESTO MONDADA / ZULEMA HERRERA

Fuimos en busca de un responsable de Pueblos Unidos, una entidad que se involucra solidariamente con los inmigrantes que están presos, sin cometer delito alguno, en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la avenida de Los Poblados. Nos encontramos con Santiago Yerga, abogado, coordinador jurídico de Pueblos Unidos, responsable del Programa Centro de Internamiento del Servicio Jesuita a Migrantes España, y en concreto a cargo de los problemas que surgen del CIE de Aluche

¿Qué es Pueblos Unidos?

Pueblos Unidos es una obra social que pertenece a la Obra San Juan del Castillo, que a su vez depende de la Compañía de Jesús, y que al mismo tiempo forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes y que tiene implantación en toda España.

¿Qué funciones cumple?

Intentamos dar respuesta, desde el punto de vista de extranjería, a personas inmigrantes con diferentes espacios, formación, empleo, grupos de apoyo mutuo, etc. También integración de la mujer, asesoramiento jurídico, programa de hospitalidad, un programa de búsqueda activa de empleo… Y lo que nos ocupa: los CIE.

En este campo, trabajamos con voluntarios, con quienes actuamos de dos maneras: por una parte, procurando dar acompañamiento integral a la persona interna, para que pueda sobrellevar la situación en la que se encuentra; y además, hacemos labores de documentación para poder hacer el trabajo de incidencia pública con la finalidad de poder modificar el actual sistema, de cara a obtener nuestro gran objetivo, que es hacer desaparecer los CIE de España. Hay una serie de elementos que de por sí, sin incidentes, ponen de relieve el fracaso de los CIE, siendo el más llamativo para mí el que de cada diez personas que pasan por un CIE solo se expulsa a cuatro. Eso quiere decir que seis personas sufren una privación de libertad gratuita. ¿Qué sentido tiene la detención? No cumplen la finalidad para la que han sido creados.

Como Pueblos Unidos, ¿qué incidencia u orientación brindan con el acompañamiento?

En primer lugar, en un ambiente hostil, que las personas sepan que no están solas. En segundo lugar, comprobar las fisuras que de carácter jurídico pudiera haber, para abordar una mejor defensa desde la perspectiva de los derechos humanos. Digo esto porque en el CIE de Aluche nos encontramos con menores que han sido tratados como mayores; nos encontramos con víctimas de trata de seres humanos que no han sido identificadas; nos encontramos con personas que potencialmente podrían ser solicitantes de asilo político y refugio que ni siquiera se les ha informado de esa posibilidad; y nos encontramos con que debería ser el Estado español el que debiera dar respuesta a ese tipo de situaciones, pero somos, con otras instituciones que estamos ahí adentro, los que le decimos al Estado: “¡Oiga, esto Ud. no lo puede consentir!”.

¿Cree que los gobiernos de aquellas nacionalidades deberían responsabilizarse en la defensa de sus ciudadanos?

Depende de lo que entendamos por que se “responsabilicen”. La gran mayoría de las personas que pasan por el CIE de Aluche son reconocidas por las representaciones diplomáticas de sus países para que pueda llevarse a cabo la expulsión. Existe allí una cooperación —a mi ver, un tanto perversa— entre las representaciones diplomáticas y el Gobierno español para facilitar el mecanismo de la expulsión.

¿El cónsul va a identificar la procedencia?

La nacionalidad de la persona, a partir de la conversación que mantienen con los detenidos. En mi opinión, entendiendo que ésa podría ser una facultad que podrían asumir los cónsules —lo que habría que discutir—, creo que los diplomáticos deberían tener un acercamiento mucho más humano hacia sus nacionales, proveyéndoles de objetos materiales, de comunicación familiar, etc., y no de actuar como subpolicía de la Policía española. Soy claro, creo… Ya se pelearán conmigo los cónsules, pero es lo que hay.

¿Tiene usted más información de situaciones conflictivas en el CIE?

Creo que la tenemos toda desde el pasado agosto, en la situación publicada por diferentes medios —que nosotros vivimos desde dentro— sobre incidentes, algaradas y huídas producidas en el CIE. Y utilizo expresamente las tres palabras y no “motines” o “fugas”, porque eso les conferiría un carácter penitenciario que esos Centros de Internamiento no deben tener. Estaría diciendo que es una cárcel, y no lo es. Son personas cuya única dificultad es que no tienen papeles. Y en España no tener papeles no es un delito. Si usase esas palabras, estaría criminalizando a esas personas que están adentro.

¿Tiene una solución para los CIE?

Que se cierren. Pero yo mismo, mi entidad y la organización a la que pertenece en el seno de la Compañía de Jesús, sabemos que el CIE no lo van a cerrar mañana. Sí entendemos que existen mecanismos utilizables y explorables por la Administración, para que adquieran los CIE un carácter residual.

¿Se han cometido muchos abusos de autoridad…?

Claro… En un ejemplo que no me gusta mucho, si se compara una persona en un CIE con otra de una cárcel, ésta tiene más derechos. En la cárcel las Fuerzas de Seguridad del Estado controlan solo el perímetro del edificio, pero dentro de la cárcel hay personas con formación específica para tratar y gestionar con personas privadas de libertad: los funcionarios de prisiones. En cambio en los CIE son las fuerzas de seguridad los que tratan directamente a los internos. Mientras no se supere la óptica policial de los CIE, seguiremos asistiendo periódicamente a hechos como los que aparecen en los medios.

¿Qué les puede recomendar a los vecinos sobre este problema?

Que tomen conciencia de que tienen un centro de detención en su entorno. Que allí están personas detenidas por no tener papeles de residencia (como si te detuvieran por tener el DNI vencido). Deseo que ese simple hecho les lleve a interpelar como vecinos. Como vecinos deben querer saber qué sucede entre esos muros. Si nosotros ponemos delante los derechos humanos, no podemos ignorar lo que sucede entre esas cuatro paredes.

 

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