Casas constitucionales

Casas baratas

La compañera Carmena —como muchos querríamos recordarla— ha manifestado que probablemente propondría organizar un concurso para comprar viviendas baratas y destinarlas a las personas necesitadas y a las víctimas de los desahucios, en régimen de alquiler social. Con la vista puesta en crear el necesario y ausente parque de viviendas de alquiler español. Agrega que las víctimas de los desahucios siguen viviendo “una situación dramática”. No lo dudo, porque los primeros pasos del Ayuntamiento se han dirigido a paliar o solucionar el problema, con suerte dispar.

Esta situación, a la luz del movimiento antidesahucios integrado por el 15M, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y los colectivos de vivienda, desde quienes quieren solucionar esta situación, se encuentra parada porque existe una falta de coordinación entre quienes llevan cinco y más años en la lucha contra los bancos y el o los ayuntamientos.

El pensamiento y el trabajo colectivo ha dado frutos demasiado tangibles como para ignorarlos. 15MpaRato acusó y enjuició a Caja Madrid; el Tribunal Ciudadano de Justicia querelló a los directivos de Caja Madrid (Bankia); el 15M y las PAHs y particulares han ganado juicios a los bancos demostrando su estafa; las nombradas organizaciones detienen y revierten el contenido de los juicios iniciados por los bancos; todas han comenzado a demostrar que el 90% —como mínimo— de las viviendas hipotecadas no son propiedad de los bancos, incluyendo los desahucios producidos todos estos años pasados desde 1998, y sin embargo han expulsado a las gentes de sus casas y han despojado a muchísimos avalistas. Todas están adquiriendo una herramienta que demostrará fehacientemente la titulación a todos los hipotecados.

Existe un activo muy voluminoso y muy eficaz producido por las víctimas directas de los bancos, que se puede presentar como interlocutor colectivo solvente ante y para coordinarse con el Ayuntamiento. Sería una forma muy directa de participación ciudadana, que se podría encuadrar en una figura de asesoramiento no remunerado y que, para este concreto problema, significaría un salto cualitativo en la labor municipal.

Una probable tarea estaría encuadrada desde la perspectiva de las titulizaciones. Como pocos saben todavía, la titulización es la venta de las deudas hipotecarias que, colocadas ordenadamente en un fondo constituido por los mismos bancos (un listado en un papel de miles de ellas), y que con todas integrando un monto se organizan en valores iguales para presentarlas en las bolsas. Allí, bonistas de todo el mundo compran esos valores. Es una forma de recuperar dinero para seguir hipotecando y, a la vez, de trasladar el impago a los nuevos dueños. Estafa tras estafa.

Actualmente, las organizaciones en lucha por la vivienda trabajan en dotar a todos los hipotecados de una herramienta para encontrar fácilmente su hipoteca titulizada/vendida, constatando así la comisión del delito por los bancos —lo que abunda con los que hemos encontrado en las cláusulas abusivas y la sobretasación en las hipotecas—. El entramado bancario, monopólico, de entidades financieras (buitres) y partidos políticos ya hemos empezado a probarlo como autores y gestores del saqueo a la población.

Con las titulizaciones al servicio de los poderes públicos, en el caso del Ayuntamiento, tendría una herramienta que, conjuntada con el rango de Administración pública que ostenta, podría obtener todas las titulizaciones de los pisos vacíos y ocupados, para contar con una base de datos que le permita reclamar ante quién cupiere o decidir si le corresponde, sobre la capacidad administrativa sobre todos ellos. Eso les permitiría negociar directamente con los intermediarios bancarios (por ley) exigiendo el control de Hacienda necesario del cometido cumplido, debido a los antecedentes delictivos de los bancos, para que los alquileres sociales negociados (en aquellos casos que correspondiese) se ingresen a los bonistas y no se queden en los Panamás bancarios.

Según nuestras investigaciones y los fallos producidos, el derecho a retracto violado por los bancos está permitiendo a los antiguos dueños recuperar sus pisos y viviendas, gracias al pago de cantidades irrisorias producidas por las ventas ilegales o con infravaloración a los compradores buitres que han realizado los bancos, para eludir y complicar y/o dificultar la búsqueda de las propiedades. También utilizan la cancelación o extinción del fondo para trasladar toda o parte de los mismos a otros fondos, también de su creación, con la misma finalidad, aunque existe la sospecha de que lo que hacen con estos movimientos de “ingeniería financiera” es vender más veces una misma deuda o hipoteca. Seguimos investigando para verificar este punto.

Estamos ante una situación insólita y típicamente española, invocando al surrealismo: la población en la forma de nuestras organizaciones de vivienda y el Ayuntamiento, generando instrumentos democráticos para negociar y delimitar las características, las incidencias, las responsabilidades, las restauraciones y eventualmente las acusaciones con quienes son, precisamente, los autores de los delitos. Pero estoy convencido de que si esta propuesta fuese considerada por el Ayuntamiento, ahora que es pública, los compis de nuestras organizaciones contribuirán a la creación del parque de viviendas. Que dicho sea de paso, ya está funcionando gracias a la espontaneidad de la población al reclamar por la vía de los hechos su derecho a techo, y por nuestras acciones de ocupación social.

Ernesto 15M