Carta abierta contra el hambre

Diagnóstico de situación
La palabra hambre está prohibida en el lenguaje políticamente correcto, en la creencia de
que evitando la palabra se oculta la realidad; una situación de pobreza que lleva a las
familias a la penuria extrema de tener que depender de la caridad, cuando falla la justicia. Y
cuando la realidad estalla a la cara de los políticos con mando en plaza, ésta se minimiza
como una situación puntual que ya está suficientemente atendida por las organizaciones de
caridad.
Madrid, junto con Atenas y Lisboa, son las capitales de la pobreza en Europa. La voz de
alarma ya está dada, la sociedad está demostrando que es sensible ante el problema, pero
las instituciones callan. Hoy los comedores sociales madrileños están desbordados, a la vez
que se vacían los comedores escolares; el reparto de alimentos está a la orden del día, pero
no consiguen ofrecer una respuesta adecuada, ni en cobertura a todos los que lo necesitan,
ni en regularidad del abastecimiento, ni en cantidad y calidad suficiente, ni en dignidad
para los afectados. No hay más que visitar los centros parroquiales a lo largo y ancho de la
ciudad y de la Comunidad Autónoma donde se agolpan semanal o mensualmente hombres
y sobre todo mujeres con una bolsa para llevar algo a casa. Su vergüenza es una vergüenza
colectiva, un castigo más al proceso de empobrecimiento causado por la crisis en primer
lugar, pero agravado por la ausencia de mecanismos de justicia distributiva. Una crisis que
no es producto de ningún mandato divino, ni es inevitable, sino que tiene su origen en la
imposición de unas políticas concretas que han hecho de los recortes públicos, el sacrificio
de las clases medias y la pérdida de derechos sociales y ciudadanos, su modus vivendi.
La red municipal de Servicios Sociales de Atención Social Primaria, se ha visto desbordada
ante el aumento en la demanda de las ayudas para cobertura de Especial Necesidad
-reguladas en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid- así como de la
solicitud masiva de la Renta Mínima de Inserción. Ambas constituyen la única cobertura
pública, que se ha mostrado insuficiente e ineficaz ante el endurecimiento de los requisitos
de acceso, demoras en los tiempos de gestión y respuesta para la ciudadanía.
De no variar la situación actual, lo que no va a ocurrir mientras sigan aumentando el
desempleo y se sigan perdiendo las prestaciones, el reparto de alimentos se hace crónico,
como saben y reconocen los principales actores del reparto: Banco de Alimentos, Caritas,
Cruz Roja y Despensas Solidarias.
La sociedad está respondiendo solidariamente, son cientos los voluntarios que atienden los
comedores sociales y centros de reparto. Son miles los madrileños que atienden las llamadas
a la solidaridad entregando su kilo de comida a las organizaciones filantrópicas o a las
demandas de activistas que, sensibles al problema, recogen alimentos en sus barrios. Esta
solidaridad vital, espontánea, no debe servir de excusa para no abordar el tema central, ni
mucho menos para acostumbrar a la administración a la privatización de la ayuda, con el
consiguiente debilitamiento de la red de servicios sociales públicos.
El derecho a la alimentación
Pues lo que está en juego es el derecho a la alimentación, un derecho avalado por tratados
internacionales firmados por este gobierno, entre cuyas obligaciones se cita: “Cumplir el
derecho a la alimentación de forma directa cuando existan individuos o grupos incapaces,
por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a la alimentación adecuada por
los medios a su alcance.”* Un derecho que es sobre todo un derecho humano, que se
Carta abierta
contra el hambre
garantiza mediante el derecho a los servicios sociales públicos, al mismo nivel que el
derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda o al empleo. Un derecho que, como han
señalado organizaciones y movimientos globales, se garantiza con la estrategia de soberanía
alimentaria, que centra su atención en la producción para las necesidades y no para el
máximo beneficio.
El poder político ha abjurado, una vez más, de sus obligaciones en el contrato social con los
ciudadanos. Deja de ser garante de derechos sociales poniéndose al servicio de las grandes
corporaciones, incumpliendo tratados internacionales, y traspasando su responsabilidad a la
caridad privada; utilizando los fondos públicos europeos para la compra de alimentos a favor
de las grandes corporaciones agroalimentarias, en detrimento de los pequeños productores,
y prefiriendo que sea la industria agroalimentaria la que asuma la gran donación de alimentos,
según sus intereses comerciales y sus desgravaciones fiscales. De esta manera los
supuestos benefactores son los primeros beneficiarios, y el palo en la rueda del derecho a la
alimentación.
Sólo el empleo y los sueldos justos junto con la reivindicación de la renta básica –lo que
supone un cambio drástico en el sistema económico– eliminará la pobreza que obliga a
tantos y tantas a depender del reparto de alimentos. Pero ante la inexistencia de voluntad
política esto no va a ser así en demasiado tiempo; por ello se hace imprescindible asumir la
necesidad de distribuir alimentos, y esta misma necesidad nos obliga a levantar la voz
exigiendo que se tomen medidas que siendo de muy bajo coste aliviarían mucho la situación
de las familias y alejarían definitivamente el riesgo de desnutrición infantil.
Programa mínimo
Reconociendo el importante papel que hasta ahora han jugado las organizaciones filantrópicas
civiles o religiosas, y los activistas populares que trabajan en comités locales solidarios,
llamamos a todos los actores, como parte interesada, a la defensa activa del derecho a la
alimentación, evitando convertirse en sustitutos del sector público. A la que vez que
afirmamos que los Ayuntamiento son las instituciones idóneas para organizar la distribución
y el acceso de los alimentos como un servicio público, acorde con el conjunto de sus
propios servicios asistenciales.
Por ello exigimos con carácter urgente:
● Dotación presupuestaria suficiente por parte del poder público para la compra de alimentos
que la población empobrecida necesita, reforzando la cobertura de las ayudas económicas
temporales y de emergencia social recogidas en la Ley11/2003 de Servicios Sociales de la
comunidad de Madrid.
● Reposición urgente de las becas de comedor, cubriendo el 100% del coste para la familias
en situación de emergencia alimentaria, desde la Consejería de Educación.
● Apertura de los comedores escolares en el período vacacional, unido a actividades extraescolares.
Garantizar servicio de comedor a menores en todos los centros escolares que realicen
actividades extraescolares en período vacacional.
● Exigir el cumplimiento del plazo máximo legal de tres meses, en el reconocimiento del
derecho a la Renta Mínima de Inserción para todas las familias que cumplan los requisitos.
A corto plazo:
Considerando que el acceso a los alimentos –bien sea en especie o mediante un cheque
alimento– es un derecho básico de las personas necesitadas, defendemos:
● reconducir el reparto hacia otras formas más ágiles y acordes con la necesaria defensa de
la dignidad de los afectados,
● y convertir los centros de distribución en centros de organización social con la participación
de los afectados.
Carta abierta contra el hambre
Carta abierta contra el hambre
Nuestro compromiso
Las organizaciones firmantes de esta carta somos conscientes de que el problema del
reparto de alimentos se resuelve conjuntamente con otros derechos y en una economía que
busque el bien común y proteja a los más débiles.
Entendemos por tanto que el compromiso solidario con los más necesitados debe tener
trascendencia política y convertirse en una reivindicación permanente. Una reivindicación
que tiene su soporte
● en la desvinculación del pensamiento paternalista y del asistencialismo,
● en la resistencia a la manipulación mercantil, a la permanente privatización de lo que
son responsabilidades y servicios públicos, y a la legitimación del negocio alimentario que
prefiere hacer donaciones que pagar impuestos
● y en la solidaridad activa y práctica, pues el hambre no espera.
Sostenemos que la lucha por el acceso a los alimentos forma parte del conjunto de luchas
populares contra el empobrecimiento, contra los recortes, y por la emancipación social, y
nos comprometemos a:
● promover colectivamente acciones en defensa del derecho a la alimentación
● presentar mociones de apoyo en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
● convocar, junto con las organizaciones que se adhieran, una campaña de difusión social
que partiendo del sentimiento popular de solidaridad lo convierta en conciencia crítica y en
herramienta de transformación social.
● Estudiar la posibilidad y en su caso apoyar la presentación de una ILP en la Asamblea de
Madrid para hacer efectivo el derecho a la alimentación mediante el reconocimiento de la
Renta Básica Ciudadana.
Primeros firmantes:
FRAVM, Comisión de Servicios Públicos A.P. 15 M de Carabanchel, Colectivo Éxodo, Asociación
Mayores XXI. Asociación UMER (Universidad de Mayores) Club de Debates Urbanos, Cecu-Madrid,
Foro de los Servicios Sociales, Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad, Redes de
Solidaridad Popular, Red de Huertos Urbanos Comunitarios.
AMPA Juan Gris
Asociación de Vecinos Madrid Sur
Asociación de Vecinos Lucero
Asociación de Vecinos PAU Vallecas
Evangelio, Justicia y Derechos Sociales
HOAC
Asociación de Vecinos Cuatro Caminos
Asociación de Vecinos Barrio Zofio
AFUVEVA
Asociación de Vecinos Valle Inclán-Prosperidad
AMIVIFI
Asociación de Vecinos Orcasitas
Asociación de Vecinos Pradera Tercio Terol
Asociación de Vecinos Las Cárcavas San Antonio
Plataforma vecinal San Blas
Asociación de Vecinos Fleming Coslada
* En el mes de diciembre de 2008 la 63ª Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el protocolo
voluntario para la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
ratficado por el Gobierno de España en Agosto del 2013.